Gasteiz – Ahora ya no dice que los magrebíes vienen a Vitoria a vivir de las ayudas sociales y que no quieren trabajar. Tras muchos días de agria polémica en torno a si la procedencia de una persona determina su comportamiento, el alcalde vitoriano, Javier Maroto, va modulando su discurso. El primer edil afirmó ayer que él no juzga a quienes tienen necesidad de percibir ayudas sociales y en lugar de gastarlas en comida envían el dinero a su país, y que si él se viera en una situación similar probablemente también acudiría a pedir ayuda a la ciudad donde, al parecer, más sencillo resulta obtenerla. Dijo también que las ayudas a la compra de alimentos no sólo las solicitan extranjeros, también muchos ciudadanos del Estado, y que estos recién llegados, a quienes no se exige al padrón para obtener la tarjeta municipal alimentaria, pueden venir “de Cáceres o Muskiz” y perjudicar a un marroquí que lleva cinco años viviendo en Vitoria y que ha caído en la pobreza por culpa del desempleo en el sector de la construcción.

Dijo eso, pero apoyado en un informe municipal en el que por fin se aportan datos sobre ayudas sociales que no sobre fraude, Maroto alertó sobre el “efecto llamada” que las a su juicio laxas exigencias municipales a los más desfavorecidos están generando. Así, entre septiembre de 2013 y febrero de este año la exigencia del padrón se eliminó en mayo del año pasado se han registrado 1.358 nuevos expedientes en los servicios sociales, y de ellos 501 corresponden a gente que o no está empadronada o lleva poco tiempo registrada. Según el informe encargado por la concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, los extranjeros ya no llegan de sus países de origen, sino de otras comunidades y provincias del Estado y, una vez en Vitoria, “ya no se van”.

El mensaje, por tanto, sigue intacto en el fondo, aunque las formas se hayan moderado. El alcalde, por ejemplo, ya no se atreve a decir que esto ocurre porque a la gente de según qué países le gusta vivir sin trabajar, sino que elude entrar en sus motivaciones al sostener ayer todo su argumentario en un estudio meramente “cuantitativo”. “Los técnicos no pueden determinar las causas por las que esto sucede”, dijo.

Ese estudio cuantitativo señala que de esos 501 expedientes de gente nueva en Vitoria, 353, el 70,5%, corresponden a extranjeros, y que de esos 353, un total de 122 son magrebíes, colectivo que ocupa “la primera posición con muchísima diferencia”. Según Maroto, la mayoría de los perceptores de estas ayudas son varones jóvenes que no tienen niños a su cargo, lo que, sumado a las nacionalidades de las que habla, coloca el dedo de la acusación sobre el colectivo concreto al que Maroto ya señaló hace dos semanas.

Maroto esgrimió el citado informe tras solicitar EH Bildu su comparecencia a raíz del documento del Consejo Social de Gasteiz en el que se acusaba al alcalde de “criminalizar la pobreza” con sus medidas y declaraciones, críticas que siguieron a las de la oposición municipal y a las de los propios trabajadores sociales.

Ayer PNV, EH Bildu y PSE volvieron a cargar contra la estrategia que ha durante dos semanas está eclipsando al resto de problemas que tiene la ciudad. “Esto se le ha escapado de las manos, pero igual está encantado”, señaló la concejal del PNV Nerea Melgosa, quien acusó al alcalde de pensar únicamente en “minimizar gastos” y no en “cubrir necesidades”. “Siguen estigmatizando a las personas”, concluyó.

Por su parte, la edil de EH Bildu Iratxe López de Aberasturi acusó a Maroto de “utilizar a las personas que peor lo pasan, les hace creer que su situación es culpa del marroquí o el argelino cuando usted les ha quitado a sus hijos la mitad de lo que reciben para comer”. La concejala instó al alcalde a “velar por la paz social”, y no a “invitar al odio racial”.

Por último, el concejal del PSE Peio López de Munain acusó al primer edil de no decir “qué pasa en el entorno, como si Vitoria fuera una isla”. Según López de Munain, en todas las ciudades suben los empadronamientos de ciudadanos del norte de África “porque son los que saltan la valla” de Ceuta y Melilla. El concejal socialista explicó además que existe una tendencia generalizada entre estos inmigrantes a desplazarse a países como Alemania o Francia, o a ciudades como Gasteiz, debido al estancamiento del paro en el sur de España.

Por otro lado, ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juan María Aburto, defendió que ya existen “múltiples controles” para evitar el fraude en la renta de garantía de ingresos (RGI), y rechazó que las irregularidades alcancen niveles “preocupantes”. Aburto dijo no querer entrar en “más polémica” porque sólo provoca la “estigmatización de un colectivo muy vulnerable”. “Entre unos que creen que es excesivo y otros que creen que es poco se está poniendo en cuestión el mejor sistema de protección social del Estado”, concluyó, según informa Efe.