Bilbao – El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, descartó ayer que el fraude en la percepción de ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) alcance niveles “preocupantes” en el País Vasco y, tras defender los múltiples controles existentes, señaló que “no es el momento de abrir el debate” para modificar los requisitos de acceso de los inmigrantes a estas prestaciones.

Juan María Aburto, que compareció ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco para presentar varios programas de ayudas de su departamento, respondió a preguntas de los periodistas sobre la polémica abierta por el alcalde de Gasteiz y el diputado general de Araba. Javier Maroto y Javier de Andrés han acusado a determinados colectivos de inmigrantes – fundamentalmente argelinos y marroquíes – que residen en la capital vasca de vivir de las ayudas sociales y de no querer trabajar y han reclamado una reforma de la ley para que sean necesarios cinco años en lugar de tres de empadronamiento para poder cobrar la RGI.

Ante estas acusaciones, el responsable del departamento del Gobierno vasco que gestiona las ayudas sociales dijo ayer que no desea entrar en “más polémica” porque sólo provoca la “estigmatización de un colectivo muy vulnerable” y defendió el sistema vasco de protección social. Aburto aseguró que “el supuesto fraude” en la percepción de la RGI o de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) no alcanza niveles “preocupantes”.

Reconoció no obstante que, al igual que en cualquier otro ámbito, “el fraude puede existir en la RGI”, pero subrayó que, en todo caso, “no es en absoluto mayoritario”. En este sentido, manifestó que más que “hablar” de fraude, lo que hay que hacer es “combatirlo”. “Es lo que estamos haciendo desde Lanbide”, aseguró en referencia al organismo del que depende la gestión de la RGI.

refuerzo El responsable vasco de Políticas Sociales recordó que en Lanbide existen “múltiples controles” para evitar y detectar posibles irregularidades, y que desde algunos sectores se considera incluso que dichos controles son “excesivos”. Por ese motivo, advirtió de que “no se puede exigir a Lanbide lo que no se exige a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a los Servicios de Extranjería”. Aburto recordó que Lanbide tiene previsto incorporar 18 personas a una unidad interna que se dedicará a labores de control.

Añadió que el Gobierno vasco “necesita el apoyo” de los municipios para comprobar que el registro en el padrón de los solicitantes de las ayudas – uno de los requisitos para acceder a la RGI es tener una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento – refleja la “residencia efectiva” del demandante de la prestación.

El consejero también se refirió al anuncio del PP de que en los próximos meses solicitará revisar el sistema que rige la concesión de estas ayudas. Respecto a la posibilidad de que el PP recupere su antigua propuesta de elevar a cinco años la antigüedad mínima de empadronamiento exigida para poder recibir la RGI, afirmó que lo más “probable” es que “si se llega a esos cinco años, luego pedirán diez”.

Juan María Aburto destacó que la actual ley que regula la RGI cuenta con el “consenso mayoritario” de las formaciones políticas vascas, tras lo que advirtió de que “romper consensos siempre es complicado”. “No es momento de abrir nuevos debates, sino de consolidar un sistema de protección que es el más avanzado del Estado”, destacó.

El consejero afirmó que los vascos tienen que sentirse “orgullosos” de este sistema de protección social, por lo que en referencia a EH Bildu – que reclama flexibilizar los requisitos para recibir las ayudas – y al PP – que las quiere endurecer – , lamentó que “entre unos y otros” estén dedicándose a “ponerlo en cuestión”. – Europa Press