David Cameron anunció ayer una serie de medidas enfocadas a los extranjeros y dirigidas a romper el «magnetismo del sistema de prestaciones sociales del Reino Unido». «Los británicos han de tener prioridad sobre la inmigración», resaltó el primer ministro mientras las cámaras de televisión le seguían hasta la cocina de una vivienda de presuntos residentes sin papeles.

La redada de la brigada anti inmigración fue el marco de fondo del mensaje del líder tory a los ilegales: «Os encontraremos y os deportaremos a los países de donde vinisteis». También fijó nuevos obstáculos a los europeos continentales que la crisis económica está empujando hacia el Reino Unido, impidiendo a Cameron cumplir su promesa de reducir la migración neta por debajo de 100.000 individuos al año. La tasa actual supera los 200.000.

«No podréis venir al Reino Unido y obtener algo por nada», aseguró. Cameron se refería a los ciudadanos de la Unión Europea que tendrán más restricciones en el acceso a ayudas y prestaciones sociales. El sistema se restringió el pasado enero y la nueva vuelta de tuerca parece anticipar una derrota de los socios conservadores del Gobierno de coalición en su ambición por recortar el libre movimiento de trabajadores comunitarios, según apuntaron ayer el ala radical tory y sus enemigos en el Partido por la Independencia del Reino Unido (Ukip).

La Administración de Cameron calcula que las restricciones y reformas de 2014 harán posible un ahorro a favor del contribuyente de unos 600 millones de euros en cinco años.

Algunas medidas ya han entrado en vigor, como el veto al subsidio de desempleo y el acceso a una residencia sufragada por el Estado de los europeos durante los tres primeros meses de su llegada al Reino Unido. Los ciudadanos de la UE pueden cobrar el paro durante seis meses siempre que tengan perspectivas razonables de encontrar un puesto de trabajo. Este abanico temporal de medio año subsistiendo con la ayuda estatal –en torno a los 88 euros por semana para los mayores de 25 años– se reducirá por la mitad, según la revisión anunciada por Cameron. La misma restricción se aplicará a las ayudas por cada hijo menor de 16 años.

Las medidas están enfocadas a los que nunca han trabajado en el Reino Unido y, por tanto, no han cotizado en la Seguridad Social. Y su efecto en las finanzas públicas será mínimo, según coinciden los expertos. Un análisis de la BBC sugiere que menos de 10.000 europeos se verán afectados; esto es, el 1% del total de los residentes –británicos y extranjeros– que cobran el subsidio de paro.