Las actitudes racistas y xenófobas en la estructura sanitaria española hacia los inmigrantes sin tarjeta se han multiplicado por cinco en un año. La muestra es pequeña y no se mide en cientos de miles de casos (750.000 sin papeles quedaron fuera del sistema debido al decreto de «apartheid sanitario» de 2012), pero porcentualmente dice algo: si de los 103 pacientes entrevistados en 2012 el 6% contó experiencias de discriminación en los centros sanitarios, de los 130 consultados en 2013 los que refirieron lo mismo alcanzaron la cifra del 33%. Cinco veces más con respecto a un año y cinco veces más que la media europea (5%).

Son datos de un informe de Médicos del Mundo que ha medido el acceso a la sanidad de 16.881 personas en situación precaria –sin papeles, hombres, mujeres y niños por debajo del umbral de la pobreza, exiliados o personas sin hogar–, en Bélgica, Suiza, Alemania, Grecia, Holanda, Francia, Inglaterra y España. Álvaro González, presidente de la ONG en España: «No es un problema de denegación de asistencia, sino de cómo se deniega; es una percepción del trato. Y no se trata de personas muy sensibles, como nosotros, que estamos acostumbrados a un trato digno. Por desgracia, son personas acostumbradas a situaciones duras. Sobre todo, perciben esas actitudes xenófobas no en el personal sanitario, sino en el administrativo, que es el que se encarga de dar las tarjetas sanitarias a esa población».

El informe habla de un «deterioro evidente» de la percepción de la población migrante en España debido a un «discurso político» que culpa a la población irregular de la necesidad de aquella reforma de 2012 porque su atención resultaba muy cara. «El mensaje político de exclusión es incluso más intenso que la propia ley, y eso lo hemos comprobado en las dificultades de acceso de las embarazadas, los menores, los crónicos e incluso los cobros en Urgencias. La población migrante se ha convertido en el chivo expiatorio de la crisis, también en España».

Sin embargo, Médicos del Mundo sostiene que Suecia, Gran Bretaña o Francia han detectado que excluir a los colectivos vulnerables genera un problema de salud pública y un incremento de los costes. «Grecia recortó el reparto de jeringuillas y preservativos y en dos años ha visto incrementarse el VIH en toxicómanos un 1.500%. ¿Qué es más caro, repartir jeringuillas o curar el sida?».

La ONG cuenta que la evidencia científica constata que los recortes asistenciales producen «efectos catastróficos en la población europea»: entre 2007 y 2011 ha aumentado el riesgo de deterioro de la salud mental en más de tres millones de casos y han subido los suicidios en mayores de 65 años y las tasas de infección de VIH y hepatitis «por las reducciones de los programas preventivos».

En España, el informe incide en el aumento del copago farmacéutico: 40% sin límite de gasto para personas con renta inferior a 18.000 euros anuales y 50% entre 18.000 y 100.000. Además, los enfermos crónicos «no se salvan de este copago: deben abonar el 10% del coste farmacéutico, independientemente de sus rentas, con un límite de 4,3 euros por medicamento». Todos los pacientes que Médicos del Mundo atendió en 2013 para elaborar el documento presentado ayer viven por debajo del umbral de la pobreza (645 euros al mes), «por lo que el gasto farmacéutico representa para ellos una proporción considerable de sus ingresos».

El informe señala que España es el país «donde con más frecuencia se reportan casos de denegación de atención sanitaria». La ha sufrido la mitad de los pacientes. Son enfermos que esperaban ser atendidos como lo eran antes del decreto y se toparon con la noticia de que ya no tenían derecho a la asistencia médica. El segundo país de esta clasificación de excluidos es Inglaterra: 25%.

El informe indica que dos de cada tres embarazadas pertenecientes a colectivos vulnerables no tienen atención prenatal en Europa (en España apenas se han medido esas dos poblaciones) y sólo la mitad de los niños en esas condiciones están vacunados contra el tétanos, la hepatitis C, el sarampión o la tos ferina.