La Fiscalía de Madrid difiere considerablemente de las peticiones del Metro en el caso de las bosnias, la banda de carteristas del suburbano. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, se solicita un año de prisión para las seis mujeres detenidas en multitud de ocasiones por robar carteras a viajeros del Metro. La Fiscalía también contempla en su escrito que se sustituya la pena de prisión por la expulsión durante seis años del territorio nacional.

El Metro dio a conocer su escrito como acusación particular el pasado lunes, y en él se solicitaba una pena de cinco años de prisión para Raifa, la supuesta jefa de la banda, mientras que a las otras cinco imputadas les pide tres años.

El abogado del suburbano considera que son culpables de los delitos de pertenencia a organización criminal, y la diferencia con la Fiscalía es que ésta es partidaria de imputarles el delito de grupo criminal, que está menos penado.

De hecho, el propio juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investiga este caso, ya les imputó grupo criminal cuando el asunto llegó a sus manos; es decir, compartió el mismo criterio que el fiscal.

El Metro, como acusación particular, apunta más alto y pide el delito superior de organización criminal, castigado de tres a seis años de prisión. Lo que ocurre, según explicaron fuentes del caso, es que no se puede considerar a las bosnias como tal, sino más bien como un grupo criminal: o sea, una pequeña banda que se junta para delinquir, pero sin que cumplan estrictamente los requisitos de jerarquía, organización de tareas, etc.

Esas características serían más propias de una banda de narcotraficantes, por ejemplo, pero no concuerdan con las bosnias. Fuentes judiciales explicaron que ellas no están tan organizadas ni se puede hablar de que actúen más allá de robar juntas de manera aleatoria, aunque sí se considera que la líder es Raifa y que ella distribuye las funciones entre el resto de la banda.

No obstante, será el juez del 47 el que impute el delito final una vez que dicte el auto de procesamiento, pero lo normal sería que mantenga su imputación inicial y que el Metro no consiga sus expectativas de que se las acuse de organización criminal. La Fiscalía, además, en su escrito pide que se aplique a estas mujeres la Ley de Extranjería en caso de que no se les conmute la pena por la expulsión, ya que están en situación irregular en España, y al fin y al cabo la pretensión del Ministerio Público es que se eviten los robos del Metro de una vez por todas.

Los casos de estas mujeres han sido muy mediáticos en los últimos años. Raifa, la supuesta líder, acumula 97 arrestos, y tiene así el récord del grupo, aunque las demás también tienen decenas de antecedentes.