El medio millar de inmigrantes subsaharianos que ayer consiguió saltar la valla de Melilla para dirigirse a su centro de acogida es la última demostración de que nos encontramos ante un problema sin solución inmediata, que el Gobierno no puede afrontar sin un amplio consenso parlamentario y que España no puede acotar sin una mayor implicación de la UE respecto a su frontera sur. Las más de mil personas que ayer intentaron el salto lo hicieron siguiendo las indicaciones de quienes conocían la existencia de un flanco débil a la altura del río Nano. Y lo hicieron de forma que su número y agresividad contrarrestaba las medidas disuasorias adoptadas a ambos lados de la frontera. Pero la descripción de cada episodio – incluida la terrible pérdida de quince vidas humanas el pasado 6 de febrero – solo sirve para adoptar medidas que pueden verse desbordadas al día siguiente. Como probablemente ocurra con el imprescindible incremento de la dotación de policías y guardias civiles anunciado ayer y cifrado en 120 nuevos agentes. La corriente migratoria que viene de las regiones más pobres de África hacia Europa es imparable, no porque – como erróneamente se llegó a pensar – exista un ‘efecto llamada’ hacia nuestro país sino debido a su ‘efecto huida’. Por eso es urgente que sea objeto de una política de Estado que en lo fundamental concite el apoyo unánime del Congreso. De una política que integre la aplicación de protocolos humanitarios en el control de fronteras – siguiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo – , que impida las devoluciones irregulares, que corrija el reciente reglamento de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), y que desarrolle un capítulo de responsabilidades a compartir con la UE. La mera deducción de que pueden ser 40.000 los subsaharianos que estén prestos a intentar nuevos ‘saltos’ hacia Melilla y Ceuta obliga a situar la cuestión al margen de la liza entre partidos. La convicción de que esa corriente migratoria sirve a las élites que gobiernan en los países por las que discurre como argumento de extorsión contra España y Europa requiere precisamente esforzarse en iniciativas de cooperación que desborden ese chantaje institucionalizado con la implicación de toda la UE.