PUBLICAMOS hoy que, según fuentes oficiales, la presión migratoria que sufren Ceuta y Melilla en los últimos meses se debe a un cambio de la política de acogida de Marruecos hacia las personas que llegan de países subsaharianos. El Gobierno marroquí mantiene acuerdos con algunas naciones de esa zona –como Mali o Senegal– por los que sólo exige la entrega del pasaporte y 500 euros para que los ciudadanos puedan entrar en el país y moverse libremente durante tres meses. Se calcula que en 2014 podrían ser regularizadas unas 12.000 personas, que se sumarían a los 40.000 subsaharianos que ahora permanecen en Marruecos en situación irregular, según cálculos del Ministerio del Interior. Son cifras alarmantes que dejan la cuestión fuera de la relación bilateral España-Marruecos, y que atañen de lleno a toda la UE. Es necesario que Bruselas reaccione y plantee de verdad una política de inmigración conjunta –no hay que olvidar los miles de africanos que llegan a Italia a través de Libia– que encuentre soluciones diplomáticas y económicas. En nuestro caso sería conveniente estudiar un acuerdo entre la UE y Marruecos en temas migratorios similar al que ya existe, y con éxito, para la pesca.