Partieron desde la jefatura de Churriana en una jornada más de trabajo. Durante su patrulla, estos dos agentes de la Policía Local pararon en unas parcelas del polígono Guadalhorce para realizar una inspección rutinaria. No acabaron muy contentos, varias irregularidades llamaron su atención, por lo que decidieron informar a sus superiores. Era el pasado mes de octubre y arrancaba así la bautizada como operación ‘Kano’, en la que han sido detenidas casi una docena de personas, entre ellas dos acusadas de explotar a 30 trabajadores de un taller ilegal.

Con los datos recabados, el cuerpo de seguridad local inició una investigación con la que aumentaron las sospechas sobre estas parcelas y a la que se unieron efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo. De ellas salían y entraban numerosas personas de distintas nacionalidades, incluso había un hombre que realizaba labores de vigilancia en el perímetro, controlando el acceso y que avisaba a los propietarios de los negocios de la presencia de agentes, según explicaron desde la Policía Nacional. Por ello, pensaron que se podrían estar cometiendo actividades ilícitas como delitos de receptación, tráfico de vehículos robados o falsedad documental. Las dudas acabaron hace dos semanas. Entonces se estableció un gran dispositivo, integrado por agentes de la Policía Local y Nacional, así como por los funcionarios de la inspección de Trabajo. Entraron en dos recintos. En el primero de ellos, los efectivos localizaron cinco empresas que no cumplían con la normativa laboral correspondiente y también detuvieron a cinco personas de nacionalidades paraguaya, marroquí y nigeriana por encontrarse en situación irregular en el país, siempre según explicaron las mismas fuentes.

Dos recintos

Sin embargo, los hechos más alarmantes fueron descubiertos en el segundo de los recintos. Desde la Policía Nacional indicaron que en este lugar funcionaba un taller ilegal de mecánica, en el que trabajaban una treintena de personas, todas ellas de origen extranjero.

Al respecto, indicaron que en el negocio, que era llevado por un hombre nigeriano y una mujer española, ambos de 41 años, se realizaban actividades con las que se vulneraban los derechos en materia laboral. Los agentes habrían determinado que estas personas estaban explotando a los trabajadores a su cargo, por lo que fueron detenidos.

En concreto, las indagaciones revelaron que, supuestamente, los dos arrestados empleaban a personas extranjeras sin ningún tipo de contrato y sin darlas de alta en la Seguridad Social. Al parecer, pagaban a estos trabajadores con cantidades que iban desde los 5 hasta los 10 euros por día, vulnerando de esta manera todos sus derechos.

Pese a ello, los investigadores comprobaron que los vehículos que había en el taller no eran sustraídos. Según las fuentes consultadas, en esta parcela se estarían cargando coches con ropa de segunda mano y otros utensilios que eran enviados a Nigeria.