“¿Cuánto?”. A partir de ahora, la formulación de esta pregunta puede causar en Francia serios disgustos a quienes –en su mayoría, hombres, pero también algunas mujeres– sean cogidos in fraganti en el momento de contratar o disfrutar del sexo de pago. Así lo prevé la nueva ley de “lucha contra el sistema prostitucional” aprobada ayer por la Asamblea Nacional, que descarga a las prostitutas de toda responsabilidad penal –vender el propio cuerpo no será delito– y la traspasa a los clientes, a quienes se prohíbe la compra bajo pena de una multa. La sanción será de 1.500 euros y de 3.750 en caso de reincidencia, eventualmente acompañada de un cursillo de sensibilización.
FRANÇOIS MORI / AP Multas de 1.500 euros. Manifestación pro abolición de la prostitución frente al palacio de Borbón, sede de la Asamblea Nacional, en París, mientras los diputados aprobaban un proyecto de ley que sanciona a los clientes de la prostitución

La proposición de ley, que deberá ser discutida y aprobada por el Senado antes de su entrada en vigor, fue aprobada por una clara mayoría de 268 votos contra 138. Pero detrás de este contundente apoyo, esencialmente procedente de la izquierda, se esconde una división que trasciende las diferencias de partido. Ayer, un total de 79 diputados de todos los partidos se abstuvieron y 92 eludieron quedarse en el hemiciclo.

Los socialistas votaron mayoritariamente a favor, aunque cinco de ellos –como el histórico JeanMarie Le Guen– lo hicieron en contra y 18 se abstuvieron. El resto de la izquierda apoyó el texto, salvo los ecologistas, que en su mayoría lo rechazaron. La derecha votó en bloque en contra, en desacuerdo con la supresión del delito de “incitación pasiva” introducido por Nicolas Sarkozy para perseguir a las prostitutas y por las facilidades que se darán ahora a las prostitutas extranjeras para obtener la residencia, pero once de sus diputados –como la candidata a la alcaldía de París, Nathalie Kosciusko-Morizet– votaron a favor y 42 se abstuvieron.

La nueva ley pretende también reforzar la lucha contra el proxenetismo y las redes de trata de mujeres, así como fomentar la reinserción social y profesional de las prostitutas que quieran abandonar el oficio, para lo que el Gobierno promete aprobar un programa dotado con 20 millones de euros. Pero la decisión de penalizar a los clientes, siguiendo el modelo aplicado en Suecia, ha sido la que ha centrado el debate, suscitado el rechazo de las profesionales y generado una viva polémica social y política.

La votación de ayer es un triunfo para la ministra de los Derechos de las Mujeres y portavoz de Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, declaradamente abolicionista y una de las más firmes defensoras de la ley, que se felicitó del voto de la Asamblea y auguró que con este nuevo instrumento se podrá combatir mejor la prostitución, identificada como una violencia ejercida sobre las mujeres, y a medio y largo plazo reducir el número de profesionales que se dedican a ello, cifradas oficialmente –probablemente a la baja– en entre 20.000 y 40.000.

La nueva ley, sin embargo, es percibida con enorme suspicacia, cuando no aversión, por los sectores más directamente concernidos. De entrada las prostitutas independientes, agrupadas en el Sindicato de Trabajadoras del Sexo (Strass), que reivindican la libertad de ejercer el oficio sin que se persiga a sus clientes y se ponga en peligro su modo de vida. Y también las organizaciones de salud pública que trabajan sobre el terreno en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, como Médicos del Mundo, porque a su juicio la ley empujará a los clientes y a las prostitutas a la clandestinidad, dejando a estas últimas en una situación de mayor fragilidad. Por no hablar de los sindicatos de policía y de los agentes encargados de la represión del proxenetismo, que dudan de la eficacia de la ley y de su posibilidad real de aplicación, y lamentan la supresión del delito de “incitación pasiva”, que les permitía detener a las prostitutas y, a partir de ahí, tratar de llegar a sus proxenetas.

Finalmente, diversos grupos de intelectuales y feministas, con la filósofa Elisabeth Badinter a la cabeza, se han pronunciado también en contra por entender que el Estado no debe inmiscuirse en las prácticas sexuales consentidas de los ciudadanos adultos.

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