La tragedia de Lampedusa ha agitado las conciencias en la Unión Europea y ahora los Estados miembros admiten que la vigilancia de las fronteras externas no es responsabilidad exclusiva de las naciones sino una competencia de ámbito comunitario. De ahí que los ministros de Interior de los Veintiocho aceptaran ayer estrechar la cooperación y reforzar los recursos de Frontex, la agencia europea encargada de prestar apoyo logístico para el control y la gestión de las fronteras que delimitan el territorio europeo con países terceros.

Sobre el papel este nuevo compromiso político supone dar un importante paso hacia la gestión comunitaria de las fronteras externas de la UE, independientemente de que éstas se encuentren en España, Italia o Chipre. Pero ello requerirá de un importante desembolso de fondos nacionales para que sean gestionados a nivel comunitario, algo a lo que se oponen algunos países recelosos de dar más competencias –y recursos– al bloque.

Así que lo de ayer fue un ejercicio más de la tradicional forma de hacer política en Europa, que consiste en adoptar un compromiso y dejar para más adelante los temas más espinosos, léase cuánto dinero transferir a Frontex.

La propuesta de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, supone organizar una «gran operación de seguridad y rescate» en el Mediterráneo para evitar tragedias como la de Lampedusa, que la semana pasada se cobró la vida de cientos de inmigrantes africanos. La misión tendrá varias aristas y se desarrollará tanto en Europa como en los países de origen desde donde operan las mafias de tráfico de personas. Es decir, tendrá un carácter preventivo que se articulará mediante acuerdos de cooperación y vigilancia con los países africanos y otra rama de vigilancia en el Mediterráneo encargada de interceptar embarcaciones.

«Esta tragedia muestra que necesitamos actuar a nivel europeo y a corto, medio y largo plazo. Tenemos que cooperar con los países de origen para luchar contra las redes de tráfico de seres humanos y también he pedido que se ponga en marcha una operación a gran escala para vigilar los puntos de entrada desde España hasta Chipre», explicó ayer Malsmtröm, quien reconoció que para esto se necesita «más apoyo político y financiero».

La respuesta unánime de los Veintiocho ha sido positiva, según destacaron la propia comisaria y el ministro de Interior de Lituania, Dailis Alfonsas Barakauskas, cuyo país preside durante este semestre la UE. «Todos los Estados que se han expresado han dicho que Frontex debe y puede hacer más. Ahora la agencia debe pedir específicamente los recursos que necesita», explicó Malsmtröm. El compromiso político adoptado ayer supone revertir la tendencia de esta agencia europea, cuyo presupuesto se ha reducido desde los 118 millones de euros en 2011 a los 85 millones este año, a pesar de que los flujos de inmigración ilegal han ido en aumento en este periodo.

El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, también insistió en la necesidad de convertir el drama del tráfico de seres humanos en un asunto prioritario a nivel europeo. «Estamos en medio del Mediterráneo y hemos salvado miles y miles de vidas. Ahora pedimos a la UE que nos ayuden a reforzar los controles», dijo. Sin entrar en la cuestión más espinosa, es decir, cuánto dinero habrá que desembolsar, el representante alemán, Hans-Peter Friedrich, sí admitió que «es necesario mejorar el salvamento marítimo, para lo que hay que abordar a nivel técnico muchas posibilidades».

España, Francia y otros socios con fronteras exteriores han sido los países que más enérgicamente han defendido la necesidad de reforzar Frontex, en gran medida porque ello aliviará la presión que afrontan a la hora de gestionar sus propias fronteras. El responsable de Interior español, Jorge Fernández Díaz, pidió que «la solidaridad política sea también financiera» porque «el tráfico ilegal de personas constituye en estos momentos el más dramático reto que tiene ante sí la UE».

Frontex ha sido un gran aliado de España y por ello el ministro puso ayer en valor la importancia de dotar con más recursos a esta agencia. En 2006, cuando tuvo lugar la crisis de los cayucos, llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes irregulares, mientras que el año pasado el flujo se limitó a sólo 156. «Esto ha sido fruto de una acción intensa de Frontex, que ha llevado acuerdos con países de origen que han permitido el desarrollo de sus sistemas de vigilancia. La fachada atlántica ya no es una plataforma de llegada a Europa», aseguró Fernández Díaz.

La tragedia de Lampedusa ha agitado las conciencias en la Unión Europea y ahora los Estados miembros admiten que la vigilancia de las fronteras externas no es responsabilidad exclusiva de las naciones sino una competencia de ámbito comunitario. De ahí que los ministros de Interior de los Veintiocho aceptaran ayer estrechar la cooperación y reforzar los recursos de Frontex, la agencia europea encargada de prestar apoyo logístico para el control y la gestión de las fronteras que delimitan el territorio europeo con países terceros.

Sobre el papel este nuevo compromiso político supone dar un importante paso hacia la gestión a nivel comunitario de las fronteras externas de la UE, independientemente de que éstas se encuentren en España, Italia o Chipre. Pero ello requerirá de un importante desembolso de fondos nacionales para que sean gestionados a nivel comunitario, algo a lo que se oponen algunos países recelosos de dar más competencias y recursos al bloque. Así que lo de ayer fue un ejercicio más de la tradicional forma de hacer política en Europa, que consiste en adoptar un compromiso y dejar para más adelante los temas más espinosos, leáse cuánto dinero transferir a Frontex.

La propuesta de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, supone organizar una “gran operación de seguridad y rescate” en el Mediterráneo para evitar tragedias como la de Lampedusa, que la semana pasada se cobró la vida de cientos de inmigrantes africanos. La misión tendrá varias aristas y se desarrollará tanto en Europa como en los países de origen desde donde operan las mafias de tráfico de personas. Es decir, tendrá un carácter preventivo que se articulará mediante acuerdos de cooperación y vigilancia con los países africanos y otra rama de vigilancia en el Mediterráneo encargada de interceptar embarcaciones.

“Esta tragedia muestra que necesitamos actuar a nivel europeo y a corto, medio y largo plazo. Tenemos que cooperar con los países de origen para luchar contra las redes de tráfico de seres humanos y también he pedido que se ponga en marcha una operación a gran escala para vigilar los puntos de entrada desde España hasta Chipre”, explicó ayer Malsmtröm, quien reconoció que para esto se necesita “más apoyo político y financiero”.

La respuesta unánime de los Veintiocho ha sido positiva, según destacaron la propia comisaria y el ministro de Interior de Lituania, Dailis Alfonsas Barakauskas, cuyo país preside durante este semestre la UE. “Todos los estados que se han expresado han dicho que Frontex debe y puede hacer más. Ahora la agencia debe pedir específicamente los recursos que necesita”, explicó Malsmtröm. El compromiso político adoptado ayer supone revertir la tendencia de esta agencia europea, cuyo presupuesto se ha reducido desde los 118 millones de euros en 2011 a los 85 millones este año, a pesar de que los flujos de inmigración ilegal han ido en aumento en este periodo.

El ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, también insistió en la necesidad de convertir el drama del tráfico de seres humanos en un asunto prioritario a nivel europeo. “Estamos en medio del Mediterráneo y hemos salvado miles y miles de vidas. Ahora pedimos a la UE que nos ayuden a reforzar los controles”, dijo. Sin entrar en la cuestión más espinosa, es decir, cuánto dinero habrá que desembolsar, el representante alemán, Hans-Peter Friedrich, sí admitió que “es necesario mejorar el salvamento marítimo, para lo que hay que abordar a nivel técnico muchas posibilidades”.

España, Francia y otros socios con fronteras exteriores han sido los países que más enérgicamente han defendido la necesidad de reforzar Frontex, en gran medida porque ello aliviará la presión que afrontan a la hora de gestionar sus propias fronteras. El responsable de Interior español, Jorge Fernández Díaz, pidió que “la solidaridad política sea también financiera” porque “el tráfico ilegal de personas constituye en estos momentos el más dramático reto que tiene ante sí la UE”.

Frontex ha sido un gran aliado de España y por ello el ministro puso ayer en valor la importancia de dotar con más recursos a esta agencia. En 2006, cuando tuvo lugar la crisis de los cayucos, llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes irregulares, mientras que el año pasado el flujo se limitó a sólo 156. “Esto ha sido fruto de una acción intensa de Frontex, que ha llevado acuerdos con países de origen que han permitido el desarrollo de sus sistemas de vigilancia. La fachada atlántica ya no es una plataforma de llegada a Europa”, aseguró Fernández Díaz.