Brown, que durante la pasada semana firmó un abanico de leyes que sitúan a California a la vanguardia de la nación en el reconocimiento de derechos de los inmigrantes indocumentados, acaba de romper la tendencia con el veto de una propuesta de ley que ha sorprendido a muchos: el autorizar a los inmigrantes documentados (los que tienen green card) participar en calidad de jurado en los juicios.

El Gobernador explicaba con un breve mensaje las razones del veto: “Esta propuesta permitiría a los residentes legales permanentes que no son ciudadanos servir como jurados. Pienso que no es lo adecuado”.

La proposición de ley, introducida por el Congresista demócrata por Fremont, Bob Wieckowski, no contaba con el masivo respaldo y las campañas orquestadas por grupos de apoyo a otras propuestas que sí han prosperado, como la ley que permitirá a los inmigrantes indocumentados conducir legalmente en California y la Trust Act que prohíbe a los agentes policiales cuando arresten a un inmigrante indocumentado por un crimen menor, transferirlo a las autoridades federales.

Tras conocer el veto, Wieckowski manifestaba a través de un comunicado que “los inmigrantes legales forman parte de la fábrica de nuestras comunidades y se benefician de la protección de nuestras leyes, por lo que es justo que participen en la obligación de hacer de jurado, tal y como sirven en nuestras cortes, escuelas, departamentos de policía y fuerzas armadas”.

“No pienso que sea inadecuado compartir esta obligación cívica con inmigrantes que van a pasar el resto de sus vidas en Estados Unidos”, ha dicho. El año que viene presentará de nuevo la misma propuesta con la esperanza de que termine prosperando.

Para los simpatizantes de la medida, la ley ampliaría la elección de quienes pueden ser jurados y permitiría a los residentes sin ciudadanía la posibilidad de ser juzgados por sus iguales, un derecho inherente al sistema judicial estadounidense.

De manera muy diferente lo ven quienes se han opuesto a la ley, entre ellos el Senador Republicano Joel Anderson, para quien “permitir a los no ciudadanos hacer de jurado pone en peligro la integridad de nuestro sistema judicial”. “En este país creemos que el proceso judicial debe ser el adecuado: eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otros países tienen diferentes estándares para juzgar, y no es seguro de que los residentes que no han pasado por el proceso de adquirir la ciudadanía entiendan nuestros valores”, señala.

Expertos en leyes comentan que la Constitución no contempla la obligación de ser ciudadano para formar parte de un jurado. Y hacen notar que también tiempo atrás estaban excluidos de los jurados las gentes de color, las mujeres y las personas mayores de 60.

Muchos piensan que permitir a los residentes sin status de ciudadano formar parte de los jurados es una reforma deseable para California.