El Servei Català de Trànsit (SCT) sólo ha cobrado 30 multas de las 1.018 tramitadas a prostitutas y clientes en las carreteras de Catalunya tras un año de aplicación de la normativa que permite multar a las meretrices que estén en el arcén. Según datos de Trànsit, en este primer año se han cobrado 30 expedientes por un valor de 2.000 euros cada uno, con lo que se han recaudado en total 60.000 euros. Las citadas fuentes no han especificado si las multas se han cobrado a prostitutas o a clientes, y el departamento de Interior no ha detallado del millar de multas cuántas corresponden a cada uno. Fuentes conocedoras consultadas sí que han explicado que se ha multado mucho más a meretrices que a clientes, porque es más fácil dar con ellas en las carreteras y están más expuestas.

A lo largo de este primer año de aplicación, los Mossos d’Esquadra de Trànsit han impuesto un total de 1.061 denuncias en las carreteras de titularidad de la Generalitat, de las que se han tramitado 1.018, además de que se han levantado 288 actas en vías estatales. Por provincias, en Barcelona se han puesto 613 denuncias, en Girona, 349, en Tarragona, 95, y en Lleida, 4. El 59,5% de los multados son extranjeros, el 23,7% tienen permiso de residencia y el 13,6% son de nacionalidad española.

Según asegura Interior, en todo el territorio catalán se ha registrado un descenso de meretrices que oscila entre el 40% y el 60% durante este año, aunque las mujeres que trabajan a pie de carretera manifiestan que no tienen intención de irse. En algunas carreteras, además, se ha detectado que las prostitutas se han desplazado a más de 50 metros de la línea del arcén.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, confirmó, tras ofrecer los datos del primer año de aplicación de la normativa que continuará aplicándose porque ha dado un resultado “razonable”, aunque admitió que no es la solución a la problemática de la prostitución.

La operación Voral –“arcén”, en castellano– se puso en marcha el 13 de junio de 2012 y las sanciones a esta práctica las tramita el Servei Català de Trànsit (SCT), basándose en la nueva ley catalana de carreteras, que ya prevé prohibir esta práctica en las carreteras tras la aprobación de la Ley de Simplificación y Mejora de la Regulación, la primera del conjunto de leyes “ómnibus” catalanas. Este tipo de práctica se considera una infracción grave y las multas pueden alcanzar hasta 30.000 euros.