Ha aparecido recientemente una nueva categoría de ciudadanos en España: los españoles sin papeles. Se trata de un gran colectivo, más de 300.000, que hasta hace menos de un año eran extranjeros residentes con papeles, y que en el último año han obtenido la nacionalidad española por residencia. La peculiaridad de este estatus es que aún no tienen inscrita su nueva nacionalidad española en el Registro Civil central. Al no estar inscritos en dichos registros como españoles no se les puede expedir un certificado en España y consecuentemente, no pueden obtener, ni el DNI español ni el pasaporte español.

Algunos de ellos, por imperio del Código Civil, han tenido que renunciar a su nacionalidad anterior, lo que, en teoría imposibilitaría que utilizaran la documentación del país de origen del que, voluntariamente, ya no son nacionales. Una excepción serían los iberoamericanos, portugueses, filipinos y sefardíes que pueden tener doble nacionalidad legal y convencional de acuerdo con la legislación española. Este colectivo es a día de hoy de 400.000 personas, puede aumentar a más 700.000 y se incrementa de forma vertiginosa desde junio 2012, cuando se autorizó que los registradores de la propiedad y los notarios de toda España intervengan y sean competentes en la tramitación de los expedientes y juramento en peticiones de nacionalidad. Esto ha agilizado el proceso que, escandalosamente, estaba encallado por saturación en los registros civiles y falta de personal.

La agilización administrativa ha sido buena, con la intervención de registradores y notarios, pero ha causado un embotellamiento de expedientes en el registro de tal magnitud que puede decirse que estos nuevos españoles están en un limbo, pues no pueden acreditar su nueva condición de nacionales y por lo tanto no tienen los papeles en regla para poder moverse por España en su nueva condición de españoles, ni ejercer sus derechos políticos, ni poder utilizar el pasaporte al que tienen derecho. Se trata de españoles sin papeles o, en terminología más al uso, españoles irregulares en España. Es imprescindible que se agilice y se dote de medios al Registro Civil central para evitar esta paradoja incompatible con el Estado de derecho y en la era telemática de 2013.