MARTA G. COLOMA / Bilbao
Los seis meses de incertidumbre
para los inmigrantes irregulares
que residen en Euskadi han llegado
a su fin. El Boletín Oficial del
País Vasco (BOPV) publicó ayer la
orden que regula la prestación de
la asistencia sanitaria a los ‘sin papeles’
no asegurados y que desgrana
los requisitos que éstos tendrán
que cumplir para obtener la
tarjeta individual de Osakidetza.
así como para tener derecho a una
asistencia sanitaria normalizada.
La letra pequeña es simple: llevar
más de un año empadronado en
Euskadi y tener unos ingresos inferiores
a la Renta de Garantía de
Ingresos. Esta norma, emitida
ayer por el consejero Jon Darpón,
asegura la prestación sanitaria a
alrededor de 30.000 personas.
La atención gratuita también se
extenderá a las mujeres embarazadas
que lleven menos tiempo residiendo
en Euskadi a las que se
atenderá durante el embarazo, el
parto y el post-parto; a los menores
de 18 años; y a los casos de urgencia
y problemas de salud pública,
los mismos supuestos que establece
la normativa nacional. El resto de
‘sin papeles’ que no cumplan estos
requisitos deberán hacerse cargo
del coste de su atención, como recordó
ayer el Ejecutivo vasco.
El Departamento vasco matizó
ayer, asimismo, que, en caso de
que Salud desestimase la atención
sanitaria de un inmigrante
irregular porque éste no cumple
los nuevos requisitos, el afectado
deberá abonar los gastos generados
previamente. La orden emitida
ayer por el Departamento de Salud
también supone un blindaje implícito
al turismo sanitario, puesto
que para solicitar un certificado de
empadronamiento es necesario llevar
al menos tres meses residiendo
en Euskadi.
Concluye así un periplo legal del
que, más de un año después, el
Gobierno vasco ha salido triunfante.
La negativa vasca a aplicar el
Real Decreto 16/2012 del Gobierno
Rajoy que limita la asistencia sanitaria
a los inmigrantes irregulares
bajo el pretexto de la sostenibilidad
del sistema fue el desencadenante
que llevó a Euskadi a ser
la única comunidad autónoma en
la que la entrada en vigor de esta
norma, aprobada en abril de 2012
y puesta en marcha el pasado mes
de julio, estaba en suspenso.
El entonces Ejecutivo de Patxi
López, con el consejero Rafael
Bengoa a la cabeza, acusó a Madrid
de invasión de competencias
y procedió a emitir el decreto
114/2012 para regular las prestaciones
sanitarias a los inmigrantes,
que el Gobierno Rajoy recurriría
posteriormente ante el Tribunal
Constitucional.
La orden publicada ayer es tan
sólo una consecuencia de la sentencia
que el TC emitió el pasado
mes de diciembre. Una sentencia
que daba la razón al País Vasco
en materia de inmigración y consideraba
ajustado a la ley permitir
el acceso de los ‘sin papeles’ al
Sistema Nacional de Salud por
una cuestión «de salud pública».
El impasse vivido entre la sentencia
del tribunal y la puesta en
marcha efectiva de esta regulación
supondrá la incorporación al sistema
de 6.000 nuevos inmigrantes
que durante estos meses no habían
podido regularizar su situación
sanitaria. A partir de ahora,
deberán solicitar su tarjeta individual
rellenando un formulario en
el que se incluirá una «declaración
responsable sobre ingresos económicos
». El impreso deberá acompañarse
de una acreditación de la
identidad y de los documentos referidos
al empadronamiento.
Una vez realizada esta solicitud,
el demandante tendrá derecho
instantáneo a acceder a las
prestaciones sanitarias del Sistema
Vasco de Salud por un período
de tres meses, el mismo plazo
en el que Osakidetza promete
dictar una resolución definitiva.