BERTA GONZÁLEZ DE VEGA / Málaga
El Defensor le ha pedido a la Consejería
de Educación que acepte el
pasaporte como documento válido
para que los padres de niños sin
papeles puedan acceder a la bonificación
del comedor escolar, de las
actividades extraescolares y del aula
matinal, en una resolución abierta
a raíz de varias quejas y de que
apareciera en los medios la preocupación
de la ONG Málaga Acoge
por este trato distinto precisamente
a niños que suelen estar en situación
muy precaria. La sugerencia
está firmada por José Chamizo,
en lo que debió de ser uno de sus
últimos escritos en el cargo.
El pasado año, la Delegación de la
Junta en Málaga solucionó varios
casos de hijos de inmigrantes sin
papeles, después de que Málaga
Acoge denunciase situaciones extremas
en el barrio de La Palmilla.
Los niños, españoles de nacimiento,
se habían quedado sin poder comer
gratis porque en el formulario
que debían rellenar sus padres se les
exigía el número del DNI o NIE, supuestamente
para comprobar datos
fiscales. Ante las dudas surgidas en
muchos centros, la Delegación de la
Junta había enviado circulares en
las que se decía que el tener ese documento
o el NIE, que se da a los
extranjeros regularizados, era requisito
indispensable para que pudieran
los niños acceder al servicio de
comedor. De no aportarlo, se quedaban
fuera o tenían que pagar.
En el caso de los cinco escolares
que llevó Málaga Acoge a la Delegación
de Educación, los asistentes
sociales de la asociación tuvieron
una reunión con los de la Junta para
demostrarles que de verdad
eran niños cuyas familias estaban
muy necesitadas.
El director de la ONG, Alejandro
Cortina, agradeció la solución de los
cinco casos que se habían presentado
ante la Delegación, pero pidió a
la Junta que se enviara por circular
las instrucciones de cómo actuar
cuando se den estas situaciones,.
Ante las reiteradas peticiones
de la ONG, la Junta contestó en su
momento que los casos excepcionales
se atenderían previo informe
de los servicios sociales municipales.
Sin embargo, como explica el
escrito del Defensor, es tal el colapso
de dichos servicios, que se
pueden dar retrasos de meses en
la evaluación de casos concretos.
Meses en los que los niños no
pueden hacer frente al pago de 4,5
euros diarios del menú escolar.
Además, se exige la presentación
del NIE de los dos progenitores,
de tal manera que aunque sólo
fuera uno el que estuviera en situación
irregular, el niño no puede
percibir las ayudas.
«En el criterio de esta institución,
nos encontramos ante un supuesto
de exclusión de los nacionales
de terceros países en situación
irregular y, por extensión, de sus
hijos menores de edad», especifica
el escrito, para dejar claro que las
normas y su aplicación dejan fuera
a los hijos de padres sin papeles.
Si la razón por la que se pide el
NIE, según razona la Junta, es para
acceder a los datos tributarios
del solicitante, en el caso de los inmigrantes
irregulares no procede
porque no pueden tener trabajo en
la economía formal ni hay manera
de que acrediten los ingresos.
El Defensor no se conforma con
la solución dada por la Junta, además
de por el mencionado colapso
de los servicios sociales, porque la
Administración autonómica supone
que serán casos excepcionales:
«Son muchos los extranjeros en situación
irregular, con hijos escolarizados
en centros sostenidos con
fondos públicos, en situación de dificultad,
aunque no siempre extrema,
para quienes o se les ayuda
económicamente a sufragar los
costes de los servicios o, simplemente,
no pueden acceder a los
mismos, resultando los más perjudicados,
los menores de edad».
El Defensor lleva años, según
cuenta en la resolución, pidiendo
agilizar la burocracia ya que, por
ejemplo, los datos facilitados por la
Agencia Tributaria pueden hacer
referencia a dos años antes de presentada
la solicitud, un periodo en
el que, en plena crisis, ha podido
cambiar drásticamente la situación
de una familia.