MIGUEL CABRERA / Almería
Más de 120 jornaleros, todos inmigrantes
magrebíes que trabajan en
invernaderos del Poniente almeriense
y Níjar, aseguran haber sido
abandonados a su suerte por un
conocido empresario, propietario
de las fincas, que les adeuda, dependiendo
de los casos, hasta más
de un año de sus sueldos.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT) informó ayer de que
el empresario Simón Sabio comunicó
a través de un mensaje de teléfono
móvil a algunos de los jornaleros
y al encargado de la finca
de mayor tamaño en explotación,
de 16 hectáreas y situada en La
Mojonera, que no podía seguir con
los invernaderos , que abandonaba
las fincas e incluso que se marchaba
junto a su familia al extranjero.
«Se dan casos de familias enteras
magrebíes a las que Sabio debe
más de 30.000 euros, porque había
dejado de pagar desde hacía muchos
meses», asegura un portavoz
del SAT a este diario.
Entre los trabajadores abandonados
hay algunos que llevaban
hasta más de diez años empleado
en estas fincas. Según dicen, el empresario
se comprometió, tras muchas
quejas y algunas denuncias
por las deudas a sus trabajadores,
a pagarles el pasado jueves, algo
que finalmente no hizo.
De momento, aconsejados por el
sindicato, los trabajadores siguen
acudiendo a los invernaderos, pues
se encuentran en plena cosecha de
tomate cherry, e incluso han lanzado
la idea de autogestionarse y
vender los productos para cobrar
parte del dinero que les deben,
aunque esto es algo que el SAT está
analizando, dada su dudosa legalidad.
«Lo que está claro es que
ahora mismo no pueden dejar de
acudir a los invernaderos porque
sería abandonar su puesto de trabajo
», dice el SAT, que ha dirigido
un burofax a las dos direcciones
sociales de las empresas de Sabio,
«una de las cuales está registrada a
nombre de su mujer», para intentar
que responda en un plazo de 48
horas en relación a la situación de
sus empleados y si tiene la intención
de pagarles.
También les pide que en caso de
no hacerlo, que les despida para
que se respeten sus derechos, de
forma que puedan cobrar una indemnización
y saldar la deuda. Según
el SAT, si en el plazo dictado
no se responde a su petición, los
jornaleros continuarán trabajando
el campo, pues no están dispuestos
a marcharse sin tener en sus manos
el despido.
La empresa en cuestión estaría,
según fuentes sindicales, inmersa
en un concurso voluntario de
acreedores en el que en marzo de
este año se ha acordado abrir la fase
de liquidación, por lo que se ha
suspendido las facultades de administración
y disposición del concursado
sobre su patrimonio, y ha sido
sustituido por la administración
concursal.