J. O. / Barcelona
Haga quien haga el informe, sea
quien sea quien lo visite, las conclusiones
sobre la vida y el trato
que se da a los inmigrantes atrapados
en el limbo del Centro de
Internamiento de Extranjeros
(CIE) de la Zona Franca siempre
son demoledoras. Tras las denuncias
del Síndic de Greuges y las
presentadas por organizaciones
sociales ante el relator de la ONU
para el Racismo, en esta ocasión
las críticas han llegado por parte
de la Plataforma de Entidades
Cristianas con los Inmigrantes,
entidad que atiende con decenas
de voluntarios a los inmigrantes
encerrados en unos centros bajo
la sospecha perenne de presuntas
violaciones de los derechos humanos.
La organización, integrada por
25 asociaciones y que realizó 220
visitas en CIE de toda España,
presentó ayer el informe Atrapados
tras la Rejas, el cual plasma,
entre otros aspectos, la dejadez
sanitaria en la que se encuentran
algunos de los internos, cuyos
testimonios suponen el grueso
del escrito. Así, alertan de que en
el CIE de Zona Franca se han
suspendido tratamientos médicos
de internos con enfermedades
graves y crónicas o bien afectados
por drogadicción y tratamiento
por metadona.
La plataforma religiosa también
amplió ayer una de las principales
críticas hacia los centros
temporales –los internos pueden
estar hasta 60 días antes de que
se decrete su expulsión– y es la
presencia en los mismos de de
personas sin antecedentes ni condenas
pendientes. Concebida como
limbo de paso para inmigrantes
que delinquen y esperan su
expulsión, la organizació religiosa
ha detectado en la Zona Franca
a ciudadanos con elementos
suficientes para garantizar su
arraigo en la sociedad en incluso
con hijos nacidos en España. Según
la organización jesuita, la
discriminación de los internos resulta
evidente y constante, al haber
sido «detenidos en la vía pública
por su aspecto o características
étnicas» o bien encerrados
sin carecer de ningún tipo de incidente.