El PSOE pide que la ministra de Sanidad comparezca «urgentemente» en el Congreso y presentará hoy una proposición no de ley para que no se facture a los sin papeles la atención en Urgencias. Izquierda Unida habla de «xenofobia», «locura» y «desmadre». UPyD sospecha que se quiere «disuadir» a un pedazo entero de la población… Ana Mato tendrá que explicar en sede parlamentaria por qué algunas comunidades autónomas envían a los inmigrantes sin regularizar cartas de facturación por la atención recibida en Urgencias.

Ayer, entre las rendijas del Debate sobre el estado de la Nación, los portavoces sanitarios de varios Grupos Parlamentarios reaccionaron a la noticia de EL MUNDO con una salva de preguntas que apuntan en dirección al Ministerio de Sanidad.

El departamento de Ana Mato también dijo algo sobre el asunto. Y lo hizo en dos partes. Primera: «Se seguirán enviando esos formularios de facturación, porque un servicio de salud no puede presuponer la situación administrativa de cada persona que acude a Urgencias». Segunda: «Pero no se les cobrará, porque una vez que demuestren que están en situación irregular entran dentro del decreto que les incluye en la asistencia sanitaria».

La Comunidad de Madrid intentó «negar tajantemente la información» asegurando que «ningún hospital cobra los servicios de Urgencias a los sin papeles». Este periódico publicó ayer que los hospitales «facturan» esa asistencia, no que la acaben cobrando. Entre otras cosas, porque muchos de los inmigrantes ponen su caso en manos de ONG como Médicos del Mundo, que gestionan el caso y paralizan el proceso de facturación anunciado. Es decir, los hospitales envían al inmigrante una carta para que presente determinada documentación (fotocopia de la cartilla del seguro) y le comunican que si en un plazo de 20 días no adjunta esa constancia, la factura le será cobrada a él directamente.

En conversación con este periódico, una portavoz de la Comunidad de Madrid admitió el matiz y dijo que a los inmigrantes sin regularizar sí se les presenta la factura, aunque no se les cobra el servicio. E insistió en que «no se les va a cobrar nunca».

«La documentación que los inmigrantes irregulares tienen que entregar en Urgencias es el certificado de empadronamiento y el número de pasaporte», dice la Consejería de Sanidad madrileña, que en un escrito asegura que el Hospital Clínico y el Hospital Ramón y Cajal «no facturan a los inmigrantes irregulares». Sin embargo, los propios afectados mostraron a este periódico esos avisos de facturación, aunque pusieron sus casos en manos de Médicos del Mundo y no han pagado nada.

La Comunidad de Madrid califica el caso ocurrido en la Fundación Jiménez Díaz (una mujer sin papeles que recibió en su casa una factura por valor de 431 euros tras ser atendida en Urgencias) como un «error administrativo».

La medida que practican algunas CCAA además de Madrid, también Castilla-La Mancha o Navarra generó ayer una cadena de críticas en varios partidos políticos.

Una de las más contundentes fue la del PSOE, que declara batalla parlamentaria. José Martínez Olmos, portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, se mostró «indignado» con la facturación a los sin papeles. «Eso no se ha hecho jamás en la sanidad española», sostuvo rotundamente el que fuera número 2 del Ministerio de Sanidad en las dos legislaturas de la era Zapatero.

Martínez Olmos adelantó que su Grupo va a pedir la comparecencia urgente de Ana Mato «para que explique qué medidas va a tomar contra el incumplimiento de la ley con respecto a la atención a los inmigrantes». «Facturarles la asistencia, además de ilegal, es jugar con su salud. Tendrán dudas sobre si lo tienen que pagar y acabarán por no ir al médico. Esto les lleva a tener una percepción de barrera, cuyo impacto será demoledor, tanto en enfermedades crónicas como en agudas».

Además, los socialistas presentarán hoy una proposición no de ley para que se establezca un «procedimiento común y único» para «hacer posible el derecho de los inmigrantes en situación irregular a recibir asistencia de urgencias en todo el territorio nacional».

Desde IU, que también reclama a la ministra, Gaspar Llamazares habla de «confusión» por culpa de un «decreto chapuza, que combina la buena voluntad con la xenofobia». La práctica desvelada por este periódico «aumenta el desmadre de las desigualdades territoriales» y también «provocará más gasto, porque aumentará las enfermedades de ese colectivo. Se cronificarán sus patologías y deberán ser tratados con mayor arsenal terapéutico». Y cuando, probablemente el 27 de febrero, tengan a la ministra enfrente, «le preguntaremos por este asunto. Es ilegal. Una locura».

UPyD registró ayer una pregunta en el Pleno de la Comunidad de Madrid acerca de si la facturación es una «medida disuasoria» para que los inmigrantes no vayan a Urgencias, «como con el euro por receta». «Se quiere complicar la vida a quien ya la tiene complicada», dijo Enrique Normand, portavoz sanitario de UPyD en la Asamblea de Madrid.

El precio de la vida

> Cuenta revisada. El 26 de noviembre, el Virgen de la Salud emite una factura definitiva (hubo una anterior de 2.000 euros) a una embarazada que en el momento del parto (enero) no tenía ‘papeles’. > Urgencias y parto. Por la cura urgente le piden a la mujer 222,73 euros y por la atención sanitaria en un parto vaginal con complicaciones, 3.114, 97. Total: 3.337, 70 euros.