La celebración del Año Nuevo se vio truncada por un tiroteo en Ortuella. Una riña sin importancia en un pub de la Avenida del Ferrocarril provocó que un vecino del municipio, Martín V. E. fuese expulsado del bar. A continuación, el hombre se dirigió a su vivienda situada a escasos metros, regresó con una pistola y vació el cargador contra la fachada del establecimiento hostelero, según relataron los testigos a las fuerzas de seguridad. Pero, por suerte, los clientes tuvieron el tiempo justo de cerrar la puerta y no hubo daños personales. Más tarde, el acusado – de etnia gitana – fue detenido en su domicilio tras haber permanecido varias horas atrincherado en su interior. Ante estos hechos, el Ayuntamiento de la localidad minera quiere acudir a los tribunales como acusación popular con el fin de evitar «que se repitan hechos similares» en el futuro.

En un primer momento, el ejecutivo local – en manos del PNV – evitó pronunciarse sobre el tema y su silencio motivó las quejas de algunos vecinos ante la «pasividad» de los jeltzales. Ante estas críticas, los responsables municipales contactaron después con los grupos de la oposición – PSE y Bildu – para acordar con ellos esta iniciativa. Una medida que fue consensuada en diversas juntas de portavoces y aprobada el jueves por unanimidad en un pleno extraordinario.

No en vano, desde el Consistorio reconocieron que el suceso ha desatado «alarma social» en el pueblo, ya que el imputado por «intento de homicidio» fue puesto en libertad con cargos al día siguiente. Los residentes en la zona le describen como «un viejo conocido de la Policía» y «una persona conflictiva que ha tenido un montón de follones en los bares».

Bar precintado

Por su parte, el departamento de Interior del Gobierno vasco corroboró que el acusado acumula seis antecedentes policiales por diversos «robos y agresiones». Un testimonio que contrasta con la defensa a ultranza que realizaron los familiares de Martín frente al juzgado de Barakaldo durante su detención. «Es inocente y tiene que volver a casa. No ha hecho nada», insistieron hasta su liberación. Por último, cabe recordar que las autoridades locales precintaron el bar donde sucedieron los hechos el pasado día 4, ya que este «no tenía la documentación en regla».