El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado la orden de expulsión de España dictada contra los inmigrantes que sobrevivieron al naufragio de la patera que chocó contra una patrullera de la Guardia Civil en la costa de Lanzarote.

En un auto hecho público este miércoles, la juez examina el recurso interpuesto contra dos de esos inmigrantes contra la orden de devolución a su país (Marruecos) librada por la Delegación del Gobierno, en la que pedían que se suspendiera su repatriación para poder defender desde España sus derechos en los procedimientos judiciales abiertos a raíz del naufragio de su patera.

La magistrada les responde que la única medida prevista en la ley para suspender la repatriación de un inmigrante que ha entrado de forma ilegal en España es el arraigo en el país, algo que no consta en su caso, y recalca que existen mecanismos para que en el futuro puedan hacer valer sus derechos en el procedimiento penal iniciado por los Juzgados de Arrecife y en la demanda de responsabilidad patrimonial que pretenden interponer contra el Estado.