La negociación suplantó a la fuerza. Las excavadoras irrumpieron ayer sin resistencia en la ciudad de la miseria de Bonrepòs i Mirambell, un infecto complejo de 70.000 metros cuadrados a cinco kilómetros de Valencia que desde 1998 acumula chatarra, enfermedades y desahuciados. Las gestiones de la última semana de Cruz Roja y la ONG Fundación Cepaim para facilitar la salida de 170 inmigrantes rumanos, magrebíes y subsaharianos impidieron que el desalojo de los antiguos cuarteles militares de la población derivase en una batalla campal.

El recinto del mayor asentamiento irregular de Valencia se vació el martes. Entonces, partieron del enclave sus últimos inquilinos, una treintena de subsaharianos y dos familias rumanas, que fueron realojadas por Cruz Roja en un discreto hostal de una estrella del centro histórico de Valencia.

La operación se ha realizado a golpe de talonario. El Ayuntamiento de Bonrepòs, que preside Fernando Traver (PP), ha proporcionado 30 euros y un billete de autobús a Aragón, Andalucía y Murcia a 50 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos. Se trata de pasajes “voluntarios” para quienes “querían” trabajar en las campañas de recogida de fruta o restablecer el contacto con familiares, según Traver. El Consistorio sufragó antes el autobús a Rumanía (70 euros por pasaje) a otros cinco inmigrantes. Y la Generalitat habría realojado al resto de los sin techo en centros donde pueden permanecer un máximo de un mes, según fuentes municipales. El Gobierno valenciano declinó ayer contestar a un cuestionario sobre el futuro de los realojados, el coste del dispositivo o la situación de los niños sin escolarizar en el poblado, que llegaron a 32 menores de 10 años en octubre, según la Consejería de Sanidad.

“El problema se ha trasladado a otras comunidades”, cargó el concejal socialista Marcos Núñez. Y la a Mesa de Entidades de la Solidaridad con los Inmigrantes, que agrupa a una veintena de asociaciones, arremetió contra la “negligencia” de las Administraciones por “desatender” a los desahuciados.

El municipio activó ayer un dispositivo de limpieza y demolición que durará dos meses e incluye el vallado de la superficie para evitar una nueva ocupación. Los operarios desmontarán manualmente las placas de amianto, un material cancerígeno que permanece suspendido en el aire y con el que han convivido durante una década los sin techo.

El alcalde de Bonrepòs se mostró “satisfecho” por la “solución del problema”. El Ayuntamiento aprobará la próxima semana una partida de 9.000 euros para costear el desalojo. El solar de la ciudad de la miseria tiene uso militar que podría modificarse este año.

El desalojo ejecuta una resolución de diciembre de un juzgado de Montcada que reintegra la propiedad a una veintena de herederos de los dueños originarios. Sus terrenos fueron expropiados por el Ministerio de Defensa a mediados de los cincuenta para la construcción del Parque y Talleres de la III Región Militar, que cerró en 1998. El abandonado solar se transformó entonces en un enclave de exclusión social.