Un mujer se muestra desafiante ante la presencia del reportero gráfico de ‘La Verdad’ en la avenida de Floridablanca. :: NACHO GARCÍA/AGM

Después de enfundarse su ropa más ajustada y de patearse el barrio del Carmen, calle arriba, calle abajo, Rosilena cierra el mes con unos 2.000 euros de ingresos, con los que vivir holgadamente y mandar dinero a Rumanía. Pero a solo unos metros, en la Peluquería Jesús de la calle Álvarez Quintero, su dueño, Jesús Alarcón, como consecuencia del trabajo de meretrices como Rosilena, ha perdido el 80% de la clientela en el último año. Éstas son las dos realidades enfrentadas que deberá arbitrar la futura ordenanza sobre prostitución que pretenden diseñar las concejalías de Seguridad Ciudadana y Bienestar Social.

El Consistorio constituirá una mesa de trabajo con Policía Local y Nacional, Guardia Civil y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia (Favemur), para redactar el articulado de la ordenanza. A pesar de que se ha fijado dos meses de plazo máximo para la elaboración del borrador y su exposición pública, lo cierto es que el anuncio ha corrido como la pólvora en el mercado del sexo de la capital del Segura. Especialmente, en puntos calientes como el barrio del Carmen, San Andrés, avenida de Floridablanca, el puente del Malecón, los alrededores del Eroski, las pedanías de Cobatillas, El Esparragal, San Ginés (Polígono Industrial Oeste) y el Coto Cuadros.

El principal caballo de batalla de la futura ordenanza será atajar los crecientes casos de prostitución en el interior del casco urbano, como El Carmen, donde las prostitutas ofrecen sus servicios en la calle, en pisos francos (media docena), en bares regentados por latinos, e incluso empieza a ser habitual la presencia de ‘infiltradas’, que sentadas en las paradas de autobuses de Floridablanca tantean a los peatones.

Los perfiles de los clientes varían durante la semana. Los días laborables son hombres jubilados, con una media de edad de 60 años, los que buscan sexo en El Carmen. Llegado el fin de semana, el barrio recibe la visita de clientela extranjera – marroquíes, suramericanos y africanos – que trabajan como jornaleros en las pedanías. Lo que no varía es la horquilla de precios: por un servicio completo, de 10 a 30 euros.

Fuentes de la Policía Local reconocen que incluso las meretrices «tienen jornada laboral; están por la mañana hasta las dos, paran para comer, y se reenganchan por la tarde hasta la noche». De hecho, hasta se han repartido las calles del barrio: Diego Hernández y Álvarez Quintero son ‘regentadas’ por rumanas y suramericanas, mientras que Santa Úrsula, Gran Vía y Mateos son para las mujeres subsaharianas y magrebíes. Entre estas dos últimas nacionalidades, suele haber conflictos de territorio.

La edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Fuentes, no niega la evidencia y reconoce que «hemos tenido momentos donde no tuvimos claro el problema. Los vecinos del Carmen han tenido mucho que ver en esta ordenanza, han sido muy perseverantes en sus reivindicaciones». La edil avanza que «el entorno de los centros educativos será prioritario». Eso es lo que esperan profesoras como Mari Carmen Yago, del Colegio Herma, en el barrio del Carmen. «A solo unos metros de nuestro centro tenemos casos de prostitución», según denuncia. Justo allí, en la calle Álvarez Quintero, ‘La Verdad’ visita un supuesto piso de chicas de compañía, pero niegan las acusaciones de los vecinos de la zona, asegurando que se dedican «a la limpieza y a la distribución de alimentos».

Semejante explicación enciende los ánimos del dueño de la Peluquería Jesús, que se ubica justo en frente: «¡Las putas me han arruinado la vida! Si el Ayuntamiento no toma medidas, tendré que cerrar mi negocio, porque están hundiendo la imagen del barrio», clama indignado Jesús Alarcón, tras veinte años al frente de su negocio.

«Sanciones contundentes»

Ante lo complejidad del problema, Seguridad Ciudadana está dispuesta a escuchar la lluvia de ideas que aporten PSOE, IU – Verdes, UPyD y colectivos implicados. Desde la Asociación de Comerciantes Carmelitanos, Juan Antonio García propone sancionar económicamente a clientes y proxenetas «porque las mujeres son explotadas». García pide que «las sanciones sean fuertes para ahuyentarlos de la zona de forma efectiva».

Una petición que comparte la Asociación de Vecinos Carmelitanos. Su presidenta, Paquita López, afirma que «debe de haber contundencia en las sanciones a clientes y ‘chulos’. Un buen ejemplo a seguir para el Ayuntamiento es la ordenanza de Albacete». Ambas asociaciones coinciden en solicitar que el importe de las multas sea superior a 1.000 euros, dejando excluidas a las meretrices, y en la necesidad de diseñar un mapa sobre la prostitución en Murcia. «Hay que saber dónde se debe de actuar».

El Consistorio prevé consultar ordenanzas similares en otras comunidades, como Andalucía y Valencia, donde la horquilla económica de las sanciones oscila entre 750 euros y 3.000 euros. Desde el área de Seguridad Ciudadana, Fuentes subraya que también iniciará «una ronda de contactos con policías locales de otras ciudades, para conocer qué medidas son efectivas y cuáles no».

Fijar una distancia mínima

Fuera del casco urbano, en zonas como los alrededores del Eroski, el problema no son las chicas, sino los actos incívicos de clientes que los fines de semana van ‘pasados de vueltas’ y terminan la juerga allí.

En pedanías como El Esparragal, el sexo se extiende por la carretera de Cabezo de Torres y alrededores de la urbanización Montepinar. Su pedáneo, Ángel Pérez, espera que la ordenanza fije unos límites para sacar la prostitución de residenciales y centros educativos, además de frenar los problemas de salubridad e imagen que genera en la zona. «Lo interesante sería sacarlas de la calle para que España no se convierta en un ‘puticlub’. Deben estar en casas de citas que sanitariamente sean más seguras». Pérez expone que en la carretera de Cabezo de Torres, «cuando terminan un servicio se limpian con una botella de agua».

Aunque en Cobatillas las imágenes llegaron a ser más explícitas, según el pedáneo, Francisco Fenoll, «en los alrededores del colegio Virgen de la Vega, las madres y alumnos veían a los clientes dándoles al tema con las prostitutas». Las zonas conflictivas en esta pedanía se reparten por el polígono industrial que ha visto incrementados los problemas de inseguridad, ligados a la prostitución, y la carretera de Fortuna donde ofrecen sus servicios en tanga durante el verano. Fenoll concluye que «estas zonas son sensibles y se debería de fijar una distancia mínima». Un ejemplo podría ser la ordenanza de Granada que prohíbe el ejercicio de la prostitución a menos de 200 metros de residenciales, centros educativos, comercios y empresas.

Pero ésta es solo una sugerencia más en la difícil cruzada en la que se ha embarcado el Ayuntamiento de Murcia para ponerle ‘el cascabel’ al oficio más viejo del mundo.