El último desfile del viejo cuartel militar de Bonrepós se produjo a primera hora de la mañana de ayer. Una hilera de agentes antidisturbios de la Guardia Civil penetraron en los ruinosos edificios del mayor campamento de indigentes de la provincia de Valencia. Pero ya no quedaba nadie. El día del desalojo tardó muy poco en convertirse en el de los primeros derribos, que llegan tras una década de ocupación ilegal y saqueo de materiales en la zona.

Los últimos seis habitantes que el martes malvivían entre los pedazos del viejo cuartel ya estaban advertidos de que no debían regresar. Y cumplieron. Por la mañana no quedaba ya ni un alma. Sólo toneladas de basura, escombros y las paredes agujereadas de varias naves. Sobre las diez de la mañana, equipos de limpieza y derribo penetraron en las instalaciones con retroexcavadoras.

Fue en 1998 cuando los militares se marcharon del cuartel, que quedó en desuso. Pero la paulatina llegada de inmigrantes y personas sin techo no comenzó hasta 2003, según fuentes municipales. A partir de ese año familias enteras de rumanos, lituanos, senegaleses, argelinos y marroquíes hicieron suyas las viejas estancias militares, acumulando enseres y chatarra o incluso extrayéndola de las entrañas de las enormes naves.

El Ayuntamiento de Bonrepós ha llegado a contabilizar hasta 200 personas en el gigantesco asentamiento. LAS PROVINCIAS ya denunció el tremendo saqueo en la zona. No sólo se llevaban cables y uralitas. En 2010 un ejército de inmigrantes con mazas comenzó a derribar los muros para venderlos, fragmentados, a un empresario que pagaba un euro por ocho ladrillos recuperados.

Peleas e incendios

Las ratas y los insectos se convirtieron en vecinos permanentes de los necesitados que allí habitaban. La inseguridad se adueñó de la zona mientras crecían las quejas de los vecinos. En los últimos diez años, el viejo cuartel ha sido escenario de pelas y varios incendios. El más grave obligó a desalojar a 180 inmigrantes en febrero de 2011.

Según Vicente Traver, alcalde de Bonrepós, las labores para limpiar los terrenos de escombros y derruir las instalaciones cuestan unos 200.000 euros y van a ser ejecutadas por los propietarios de las parcelas. «Este dinero procede del IBI sobrevalorado que en los últimos años han pagado los dueños», explicó Traver.

El éxodo forzoso ha afectado a unas 170 personas que vivían en las antiguas instalaciones militares, según el último recuento realizado por la Guardia Civil hace un mes. Dos familias rumanas han optado por regresar a su país de origen en un viaje costeado por Caritas. Alrededor de 50 personas se han marchado fuera de Valencia con amigos o familiares. El Ayuntamiento les ha pagado billetes de autobús a ciudades como Zaragoza Murcia o Huelva. Unos 40 ‘sin techo’ han sido derivados a centros de acogida de la Comunitat y cinco familias con unos 30 rumanos sencillamente han desaparecido al no querer acogerse a las soluciones ofrecidas por las autoridades.

Desde la Mesa de Entidades de Solidaridad con Inmigrantes estiman que la solución es «sólo un parche». Según denuncian, «no se han establecido medidas de atención continuada para este colectivo» y estiman que buscarán «cualquier otro lugar donde malvivir».

Domingo Hurtado, uno de los 20 propietarios de parcelas, celebró la entrada de las máquinas en la zona. «No se debía haber permitido una ocupación así durante 10 años», lamentó». Ahora la intención del Ayuntamiento es alcanzar un consenso en el municipio para cambiar el uso de un suelo que sigue siendo militar. «En un futuro podría haber un polígono mezclado con superficie comercial», barajó Traver.