La cuenta atrás ha comenzado para Juliet O., de 28 años. La joven nigeriana tiene pendiente una orden de expulsión dictada por un juez de Valencia. Su ficha policial pesa como una losa en su expediente. Ocho detenciones desde que llegó a Fuerteventura en una patera hace ahora ocho años. Una amenaza grave, un delito relativo a la prostitución y otras fechorías le llevaron a dar con sus huesos en los calabozos de varias comisarías. Juliet habla por teléfono detrás de una reja. La conversación con su abogado dura apenas unos minutos. Malas noticias. Sin permiso de residencia ni arraigo familiar sus días en España están contados.

Las hojas del calendario pasan muy lentas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Las horas y los minutos parecen más largos. Juliet añora la libertad y su país, como la mayoría de los 50 inmigrantes que están retenidos actualmente en el complejo policial de Zapadores. Algunas visitas inesperadas del juez de Extranjería, políticos, abogados y psicólogos rompen la rutina. El juez de instrucción número 3 de Valencia estuvo el año pasado ocho veces en el centro.

El 73 por ciento de los extranjeros que ingresan en el CIE de Valencia tienen antecedentes policiales o penales, pero el porcentaje es todavía más alto en los inmigrantes identificados y retenidos por los agentes de la Brigada de Extranjería de Valencia. Sólo una de estas 260 personas no había delinquido en España.

Las cifras, que corresponden a 2012, desvelan también un descenso del 19 por ciento en el número de internos. De 1.732 ‘sin papeles’ en 2011 se pasó los 1.404 del año pasado. La expulsiones también descendieron en 2012. Un total de 990 inmigrantes salieron del CIE con vigilancia policial – frente a los 1.162 de 2011 – para ser deportados a su países de origen.

Otros 87 extranjeros quedaron en libertad por la imposibilidad de documentarlos. En estos casos, los ‘sin papeles’ abandonan el establecimiento – antes de finalizar el plazo señalado por la ley – cuando no se puede acreditar la nacionalidad. Muchos de ellos no colaboran con la policía o faltan a la verdad cuando rellenan el cuestionario de polizonaje. El año pasado, la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, sólo admitió a trámite dos de las 28 peticiones de asilo que recibió desde Valencia.

A pesar del descenso de internos, la media mensual de ingresos en el CIE de Valencia sigue siendo muy alta: 117 personas. La mayoría dejaron Argelia, Bolivia, Ecuador, Marruecos o Nigeria, entre otros países, para probar mejor suerte en España. Algunos se jugaron la vida en una patera o en los bajos de un camión. Otros llegaron en un autobús procedente de Europa del Este con el billete pagado por una mafia y la promesa de un trabajo digno. Ninguno viajó en primera clase.

Estancia media de 25 días

Tras ser detenidos por delitos menores o identificados en controles rutinarios, los ‘sin papeles’ que acaban en el CIE de Valencia permanecen en el centro un máximo de 60 días mientras se resuelven sus expedientes de expulsión, aunque la estancia media se sitúa en 25 días.

«El ingreso de estas personas tiene una finalidad preventiva y cautelar. Los policías salvaguardamos sus derechos y sus libertades con las únicas limitaciones que establece la medida judicial», afirma Antonio Martínez, miembro del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería de Valencia. «Tienen asistencia médica todos los días, reciben visitas de organizaciones de protección de inmigrantes y se reúnen con sus abogados», añade Martínez. Pero los centros de internamiento de extranjeros tienen un régimen cerrado, conforme a la medida judicial de ingreso y retención, con rejas, cámaras de vigilancia, un horario para comunicar con los familiares y un reglamento.