J. O. / Barcelona
La tortura tiene en Cataluña dos
escenarios preferentes: la prisión
de Can Brians 2 y el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE)
del Gobierno en la Zona Franca de
Barcelona. Así lo considera el Síndic
de Greuges, quien ayer aprovechó
la presentación del tercer informe
anual de prevención contra
la tortura para arremeter contra la
existencia de «maltratos» en la
mencionada prisión y la «opacidad
» política y policial en cuanto al
centro de reclusión de extranjeros.
Ésas son dos de las principales
denuncias que Rafael Ribó esgrimió
ayer en el Parlament, incluyendo
en esta ocasión un apartado
especialmente dedicado a Brians 2.
El propio Síndic, quien recibió hasta
20 quejas de reclusos del centropor
presunto maltrato, intentó
constatar la veracidad de las mismas
con tres visitas «sorpresa» durante
las cuales se entrevistó, de
forma aleatoria, con presos que
coincidieron en los castigos. Sus visitas,
señaló ayer, supusieron no
sólo poner en conocimiento de la
dirección del centro las presuntas
irregularidades –previamente se
había sancionado a dos de los funcionarios–,
sino que supusieron el
final de las agresiones. «Se han reducido
a cero», dijo.
Menos suerte está teniendo Ribó
en su particular lucha por lograr
que la Delegación del Gobierno ceda
ante su pretensión de visitar con
libertad el CIE de Zona Franca, el
cual acumula ya varias denuncias
por maltratos y tratos vejatorios de
agentes de la Policía Nacional a inmigrantes,
muchas veces encerrados
sin mayor acusación que carecer
de documentación en regla. La
última de las quejas de las que ha
tenido constancia el Síndic, de hecho,
llegó el pasado fin de semana
por vejaciones a un inmigrante y
cuyo caso Ribó ha trasladado ya
ante el tribunal Superior de Justicia
de Catalunya.
La fijación de Ribó en el CIE, sin
embargo, choca continuamente
con lo que considera una evidente
«opacidad» del Ejecutivo central en
torno a unos centros que siguen
sin implementar mejoras anunciadas
hace ya un año por el ministro
de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Entre ellas permitir la entrada de
las ONG o aumentar la «transparencia
» en torno a lo que sucede en
su interior.
Cabe recordar que el conflicto
entre el Síndic y la delegada del
Gobierno, Llanos de Luna, alcanzó
cotas cuanto menos grotescas en
2012, hasta el punto de que Ribó,
acompañado de medios de comunicación
y representantes políticos,
fue rechazado a las puertas del CIE
cuando intentó realizar una de sus
visitas, en este caso, sin sorpresa.