El control del turismo sanitario – caso, por ejemplo, de los jubilados europeos – se ha intensificado. La Conselleria de Sanidad decidió a principios del pasado año reforzar la medida sobre los pacientes que no documentasen cobertura para pasarles la factura y cobrarles en el mismo momento por la asistencia recibida.

Una fiscalización que está permitiendo a la Administración ingresar y que desde enero de 2012 y hasta el mes de noviembre ha supuesto un ahorro de más 2,3 millones de euros, según señalaron desde Sanidad. Esta recaudación tiene más incidencia en las épocas vacacionales como primavera y el verano, donde la afluencia en los centros de salud y en los hospitales públicos se dispara, sobre todo, en los municipios de la Costa Blanca. Y es que los médicos ya llevaban tiempo advirtiendo del abuso que se estaba cometiendo en el uso de la sanidad pública por parte de algunos usuarios que, incluso, aprovechaban el viaje a Alicante y su estancia para someterse a una intervención quirúrgica, entrando por los servicios de Urgencias.

Según matizan desde la Conselleria, esta medida del cobro, aunque anteriormente ya existía, «se ha reforzado para hacerla más efectiva» debido a que la Comunitat es destino cada año de un importante número de población foránea que, en algún momento, hace uso del sistema sanitario.

Este gasto, según reconocieron las citadas fuentes, «raramente era compensado» y por este motivo se establecieron mecanismos para cobrar de forma directa a aquellos pacientes que no acrediten su derecho a la prestación sanitaria como, por ejemplo, no disponer de la tarjeta sanitaria europea o por contar con un seguro privado, que debe asumir el coste de esta atención.

Los más de 2,3 millones que han ingresado ‘in situ’ corresponden a la facturación por 7.689 asistencias realizadas en centros de salud y hospitales de la Comunitat.

Este cobro se puede realizar con tarjetas de crédito, cheques de viaje o el ingreso bancario que realizan los propios pacientes cuando se les ha revisado la documentación, y los sanitarios ya saben si tienen la tarjeta sanitaria europeo, si existe algún convenio con el país de procedencia en el caso de los extracomunitarios o si disponen de algún seguro privado.

Este mayor control – una medida que era reclamada por los propios profesionales – forma parte del paquete de actuaciones que Sanidad está llevando a cabo para ingresar en sus arcas.

Ahora bien, tal y como puntualizaron, este control férreo no tienen relación con la última medida del Gobierno central, que se puso en marcha el pasado 1 de septiembre, y que ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’.

Una medida que causó polémica, con la oposición frontal de médicos y de organizaciones sociales, quienes advertían del riesgo que suponía dejar excluido a este colectivo del sistema sanitario.

Sin embargo, desde la Conselleria de Sanidad se puntualizó que, a pesar de este cambio en la modalidad, la asistencia estaría garantizada, aunque la obligación de la Administración era pasar el coste económico de la atención.

Ante la oleada de críticas que se estaba produciendo, – médicos de familia se unieron como objetores – el anterior conseller, Luis Rosado, tuvo que salir varias veces al paso para insistir en que con el nuevo modelo no iba a cambiar en nada la asistencia sanitaria. La novedad, según explicó, era que la Administración iba a verificar el modelo de aseguramiento de cada paciente y se emitiría la correspondiente factura, pero no ocurriría nada en aquellos casos en que no se pudiera hacer frente al coste tras aparecer quejas de inmigrantes, con graves problemas económicos, a quienes les habían pasado la factura.

Desde Sanidad han reiterado que el turismo sanitario, para evitar un abuso del sistema de salud, no es vinculante a esta última medida aprobada por el Gobierno, – el de los ‘sin papeles’ – , y que en ningún caso es recaudatoria.