Convertirse en español sería complicado hasta para los propios españoles. Lo demuestra el calvario que deben superar los extranjeros que optan por pedir la nacionalidad tras haber cumplido el periodo de residencia establecido por ley. Desde que inician los trámites hasta que juran la Constitución se ven inmersos en un proceso de resultado incierto y duración imprevisible.

El principal escollo a superar está en el examen al que deben someterse los aspirantes con el fin de demostrar su grado de integración en la sociedad. Tal y como establecen la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el ciudadano extranjero debe acreditar ante las autoridades no solo el dominio del castellano «sino que es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles».

Esta prueba, incorporada al proceso de tramitación desde hace apenas un año, es similar a la que se realiza en otros países del entorno, como Alemania o Francia. Pero en el caso español ha levantado numerosas críticas entre la abogacía al quedar condicionada al criterio único del funcionario del registro que la realiza, quien de forma discrecional puede recomendar que se rechace la petición de nacionalización si cree que el solicitante no ha acreditado los suficientes conocimientos sobre el país. Jorge Graupera, director del Departamento Penal, Laboral y Civil de Legalcity, denuncia que «en algunos casos se formulan cuestiones que ni si quiera la persona que las hace sabría cómo responder». Pone como ejemplo algunas de las que se realizan en el Registro Civil de Barcelona. Entre ellas figuran algunas del tipo: ¿Quién fue el comandante de la Armada Invencible?, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 1714?, ¿cómo se llama el ministro de Asuntos Exteriores? o ¿cuáles son los ingredientes de la paella? «Con esas preguntas nadie puede obtener la nacionalidad», lamenta Graupera. Este abogado considera necesario que se lleve a cabo una regulación del examen de cara a que no se den casos de arbitrariedad, extralimitación o exceso de facultades por parte del examinador.

Una dificultad extra – o ventaja, según se mire – radica en el lugar de procedencia del solicitante. La ley establece un periodo de residencia de diez años antes de poder acceder a la nacionalidad. Este tiempo se reduce a la mitad en el caso de los refugiados políticos – saharauis y palestinos, generalmente – y baja hasta dos en el caso de proceder de un país suramericano, Portugal, Andorra, Filipinas, y Guinea Ecuatorial. Para quien demuestre que es de origen sefardí, desde este año el acceso será automático. En resumen, un marroquí no puede iniciar la tramitación de su nacionalidad sin haber residido una década en España por los dos años que se le exigen al ciudadano filipino.

Montaña de expedientes

Dependiendo del lugar en el que se presente la solicitud el interesado puede llegar a esperar hasta seis años para completar los trámites y jurar la Constitución, cuando no debería pasar más de uno. Actualmente cerca de 400.000 expedientes aguardan ser resueltos en el Registro Civil Central, un auténtico cuello de botella al que llegan las solicitudes de toda España. La comparación con otros países europeos resulta demoledora. En Alemania, por ejemplo, el expediente se tramita en apenas tres meses.

Según los expertos, lo tortuoso del proceso para obtener la nacionalidad radica en lo novedoso que fue para España el fenómeno de la inmigración. Hasta los ochenta fue un país principalmente emisor y en apenas dos décadas pasó a acoger en su territorio a millones de extranjeros. Según Graupera, «en muchos aspectos no estábamos preparados para recibir a tantas personas», y uno de ellos es el de la ley de para obtener la nacionalidad, «como demuestra el hecho de que haya sido modificada en tantas ocasiones».