Las redadas racistas siguen a la alza en las calles, locales de ocio y medios de transporte de la región. Así lo denunciaron ayer las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) en la presentación del segundo informe elaborado entre los meses de mayo de 2011 y noviembre de 2012. En ese periodo aseguran que recibieron 1.144 avisos por controles racistas. Al menos en una tercera parte de esas alertas se constataron identificaciones masivas por perfil étnico.

Lo más alarmante es que se han disparado los controles realizados por policías de paisano en un 314% y que la gran parte de los mismos se registran en el transporte público y por la mañana. «Este dato demuestra un sesgo de clase: los filtros se dirigen a la población trabajadora que usa el transporte público y, que sumado al criterio de perfil racial, los convierte en doblemente discriminatorios», agregan en sus conclusiones.

El objetivo de este nuevo análisis es demostrar que «continua la vulneración de derechos y libertades fundamentales a nuestros vecinos y vecinas debido a su aspecto físico», dicen. La organización insiste en que «los controles racistas son injustos, vulneran los derechos fundamentales, atentan contra la dignidad de las personas y socavan principios básicos recogidos en la Constitución Española y los tratados internacionales».

Para las Brigadas «las redadas son realizadas por las fuerzas de seguridad, de forma planificada, donde se limita el espacio y se controla la movilidad de las personas que allí se encuentran para proceder a su identificación». En estos controles, además, participan los empleados de la seguridad privada que se coordinan con la Policía.

Lamentan además que se prolonguen en el tiempo desde 2006 cuando ya gobernaba el PSOE. Las prácticas racistas siguen pese a la promesa del «Partido Popular de acabar con los cupos policiales de detención (número mínimo de identificaciones)».

Para frenar los cupos, indican desde las Brigadas, se «publicó en mayo de 2012 la Circular X/2012 de la Dirección General de la Policía. «Sin embargo», denuncian, «que la recogida de datos realizadas demuestra que se trataba sólo de un lavado de cara a una política que generaba una fuerte contestación social, acabando con el elemento cuantitativo pero no con la naturaleza de esa práctica». Destacan las brigadas que «se ha mantenido la impunidad de los responsables de la vulneración de los derechos y se sigue con la opacidad en las estadísticas policiales».

También censuran las mermas sociales y la correlación entre las políticas de recortes y las identificaciones masivas ya que «hoy en día carecer de un permiso de residencia supone estar en ‘situación irregular’».

Por último, aseguran que «la denuncia social y las prácticas de desobediencia civil han sido fundamentales para visibilizar las redadas racistas» y delatan «la vinculación entre migración y delincuencia como uno de los pilares que sostiene la política del actual Gobierno». Su lucha proseguirá mientras no cesen los controles racistas en la región.