EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Era ayer el Día de los Derechos Humanos,
en recuerdo de la Declaración
Universal de 1948. Pero en vez
de avanzar, retroceden. La crisis y
«las políticas de austeridad a ultranza
están quebrando los derechos humanos
», denunció la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía
(APDH-A) en su balance de 2012.
Puso como ejemplo que ya se están
produciendo casos de inmigrantes
sin papeles a los que no atienden
o se encuentran con trabas en los
centros de salud andaluces pese a
que el gobierno de la Junta ordenó
que no se aplicase aquí el Real Decreto
Ley del gobierno central del PP
que, salvo excepciones, suprime desde
el 1 de septiembre la atención
gratuita para estas personas.
El responsable de Inmigración de
la ONG, Carlos Arce, explicó gráficamente
que frente al Decreto del Gobierno,
la Junta «sólo ha enviado un
correo electrónico a los directores de
los centros de salud, que han colgado
en un tablón de corcho», por lo que,
en la práctica, la instrucción del Ejecutivo
andaluz de seguir atendiendo
gratis a los extranjeros queda al arbitrio
y la buena voluntad del personal
administrativo o sanitario. «Ya está
comenzando a haber casos, no pocos,
de no atención en centros sanitarios
andaluces», dijo Arce, remitiéndose
a las denuncias deMédicos del
Mundo y de Andalucía Acoge.
La asociación «aplaude» la iniciativa
del gobierno andaluz de PSOE e
IU de ignorar el real decreto sanitario,
pero le reclama una Orden o norma
propia que explícitamente reconozca
la asistencia a los extranjeros
en situación irregular y elimine cualquier
duda en su aplicación.
En el terreno de las prisiones, Pro
Derechos Humanos denuncia el «recorte
de derechos» con otros ejemplos.
Desde mayo la Consejería de
Justicia y elMinisterio del Interior
han suprimido «por un conflicto de
competencias» el servicio gratuito
de asistencia jurídica penitenciaria
que funcionaba por convenio desde
2001. Además, el Tribunal Constitucional
acabe de avalar que se cobre
la comida de la cárcel a los presos
que perciben pensiones no contributivas,
lo que no se hace con el resto.
Como botón de muestra de la «criminalizadación
y represión» de las
protestas contra los recortes, la asociación
habla de las multas de entre
300 y 600 euros que acumulan activistas
de Stop Desahucios de Córdoba
por manifestarse ante bancos por
el desahucio de vecinos. La APDH-A
acusa a la Subdelegación del Gobierno
de abrir expedientes sancionadores
«parameter miedo a la gente».
Y añade que persisten los casos de
malos tratos y torturas policiales y su
impunidad, «amparada por los poderes
del Estado». 971 personas han denunciado
en ocho años abusos de las
fuerzas de seguridad en Andalucía.Pocos
llegan a juicio, menos a condena.