En 1981, con François Mitterrand, y en 1997, con Lionel Jospin, los socialistas franceses abrieron la puerta a una regularización masiva de inmigrantes extranjeros en situación irregular. No sucederá lo mismo en el 2012 con François Hollande. El presidente francés ya lo había advertido durante la campaña electoral y ayer el Consejo de Ministros lo confirmó, al aprobar una circular oficial con las nuevas reglas para regularizar –individualmente, caso por caso– a los simpapeles que demuestren arraigo en Francia.
Los nuevos criterios, que el ministro del Interior, Manuel Valls, calificó de “exigentes y justos”, suavizan algunos de los requisitos vigentes hasta ahora y endurecen otros. Y, sobre todo, clarifican definitivamente las lagunas que existían hasta ahora y establecen las mismas reglas para todo el territorio nacional, en lugar de dejarlas a la interpretación de los prefectos. Pero en lo fundamental mantienen la misma línea restrictiva que en materia de inmigración había aplicado Nicolas Sarkozy en los últimos años. Su objetivo es también el mismo: no sobrepasar la cifra de 30.000 regularizaciones al año. Sólo una parte de los entre 300.000 y 500.000 simpapeles que se calcula que hay en Francia podrán beneficiarse de estas condiciones.
La “firmeza” en el “control de los flujos migratorios” y la “lucha contra la inmigración ilegal” anunciada ayer por el Gobierno socialista enlaza directamente con la herencia del ex presidente francés, quien no porque sí tentó en su día a Manuel Valls con asumir la cartera de Interior con él. El ministro, que fue alcalde en la banlieue sur de París –en Évry– y conoce a la perfección las inquietudes de los franceses ante el fenómeno de la inmigración y el problema de la seguridad, siempre ha mantenido un discurso de firmeza en ambos terrenos, que lo ha situado en el ala derecha del Partido Socialista. Pero sus ideas, avaladas por François Hollande, son hoy las del Gobierno.
Si un acento diferente puede percibirse es en la voluntad expresada por el Ejecutivo de abordar el problema de la inmigración con “responsabilidad” pero evitando toda utilización populista –algo de lo que Sarkozy no sabía privarse– y dando un “tratamiento humano” a las situaciones personales más difíciles.
La circular aprobada ayer por el Consejo de Ministros establece como requisito general –salvo alguna excepción– la permanencia en Francia durante al menos cinco años como condición de partida para poder aspirar a obtener un permiso de residencia.
En el caso de los inmigrantes por motivos de trabajo –la mayoría–, deberán demostrar haber trabajado al menos 18 meses en los últimos dos años, o 30 meses en los últimos cinco, y presentar un contrato de trabajo o promesa de empleo. Sólo quienes hayan trabajado en periodos importantes –dos años como mínimo– podrán acogerse al mismo trato si llevan al menos tres años en el país. Con Sarkozy, se pedía también un mínimo de cinco años de permanencia en Francia y 12 meses con el mismo empleador.
Los inmigrantes sin papeles podrán asimismo pedir la regularización si tienen hijos escolarizados desde al menos tres años (incluido el nivel preescolar). Con la derecha, en el 2006, se pedían sólo dos años de residencia y un año de escolarización, pero eso duró poco y luego quedó al albur de la autoridad administrativa. Las asociaciones en defensa de los inmigrantes han criticado las restricciones en este capítulo.
Más suave es, en cambio, la condición que se impone a los cónyuges en situación irregular, a quienes se exige cinco años de presencia en Francia y 18 meses de vida en común (antes eran cinco años), además de demostrar recursos suficientes para vivir. Los jóvenes de 18 años, por su parte, podrán acceder a la regularización si han llegado al país antes de cumplir los 16 (antes la barrera estaba en los 13 años).
El Gobierno anunció la presentación, durante el segundo trimestre del 2013, de un proyecto de ley para instaurar permisos de residencia plurianuales para determinados tipos de inmigrantes regulares. Antes, durante el primer trimestre, se organizará un debate monográfico dedicado al tema de la inmigración en el Parlamento, que a partir de ese momento se repetirá anualmente. Es sí, con voz pero sin voto.