La Fiscalía ha solicitado hoy a la Audiencia de Las Palmas que condene a penas de 11 años de cárcel a nueve personas a las que acusa de formar parte de una trama que se dedicaba a regularizar inmigrantes mediante contratos de trabajo ficticios o en empresas sin actividad real.

El fiscal dirige su acusación contra un grupo de empresarios españoles y de inmigrantes africanos que, supuestamente, cobraban entre 300 y 1.500 euros por facilitar a ciudadanos extranjeros falsos certificados de empadronamiento en municipios españoles y contratos de trabajo para regularizar su estancia en el país.

Los hechos se juzgan en la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, ante la que han declarado esta mañana los nueve acusados para negar los cargos que el Ministerio Público formula contra ellos.

La Fiscalía asegura que, desde 2005 a 2009, estas nueve personas se dedicaron en Gran Canaria y Fuerteventura a ofrecer sus servicios tanto a inmigrantes en situación irregular, como a trabajadores extranjeros que querían abandonar su país para instalarse en España.

Por ello, solicitaban entre 300 y 600 euros a los inmigrantes que ya se encontraban en España y querían regularizar su situación, y entre 1.000 y 1.500 a los que todavía estaban en su país de origen.

La acusación pública sostiene que los nueve acusados utilizaban una serie de sociedades mercantiles sin actividad real o incluso no inscritas para ofrecer a los inmigrantes contratos de trabajo ficticios que les permitieran regularizar su situación o justificar una petición de reagrupación familiar para sus parientes.

A lo largo de su escrito de cargos, el fiscal cita distintas empresas utilizadas por las tramas para legalizar mediante este tipo de fraude la situación de decenas de ciudadanos extranjeros.

También subraya que en el registro de los domicilios de algunos de ellos se encontraron certificados falsos de empadronamiento de extranjeros en diversos ayuntamientos españoles.

El Ministerio Fiscal defiende que estos hechos constituyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de estafa y de falsificación de documentos, por los que pide once años de cárcel para cada uno de los imputados.

Los nueve acusados son Enrique A.L., Abdallahi A.N., Kadiatu K., Ibrahim A.Y., Laura Severina H.M., José Carlos S.G., Andrés Ángel L.L., Karima S., Alejandro R.M. y Joaquín Antonio P.A.