JAVIER G. NEGRE / Bilbao
JavierMaroto sigue esculpiendo su
figura de sargento de hierro contra el
fraude social y la delincuencia. Pleno
a pleno. Mitin a mitin. Tweet a
tweet. Ayer, el alcalde de Vitoria
aprovechó la alfombra roja del Fórum
Europa para adelantar una de
las medidas estrella del programa
electoral de los populares vascos:
una modificación normativa que
obligue a todos los perceptores de
ayudas sociales a firmar una cláusula
donde reconozcan «la igualdad
entre el hombre y la mujer».Un artificio
legal, que aunque eludirá referirse
a razas o etnias concretas, ha sido
diseñado para vetar el acceso a
prestaciones a esos inmigrantes que
maltratan a sus mujeres y que reciben
actualmente fondos de Lanbide.
El regidor vitoriano, que fue presentado
en la tribuna por su presidente
Antonio Basagoiti, volvió a ser
fiel a su discurso de mano dura contra
aquéllos que emigran a Euskadi
e infringen el «ordenamiento jurídico
» y sus pilares de convivencia. Maroto
dedicó el grueso de su intervención
a denunciar de forma sutil que
existen inmigrantesmaltratadores,
en su mayoría «árabes–musulmanes
», que se están aprovechando de
la línea de ayudas de Lanbide. El alcalde
no se quedó en el trazo grueso
del problema. Aportó datos –el
43,6% de las denuncias por maltrato
provienen de mujeres inmigrantes
cuando representan menos del 10%
de la población– y también propuso
una solución para rebajar este índice:
exigir a Lanbide la incorporación
de una «claúsula cívica por la igualdad
» por la que todo aquel que quiera
optar a una ayuda social tenga
que declarar que «hombres ymujeres
son iguales ante la Ley» y expresar
su respeto al ordenamiento jurídico.
Un suelo ético que en la actualidad
es incumplido, según han
hecho saber varios colectivos al Consistorio
vitoriano, por numerosos
musulmanes, que se niegan a respetar
los derechos de sus mujeres amparados
en el manto de su religión e
incluso se regodean de ello.
Maroto lanzó una pregunta al aire
para justificar una iniciativa que ha
seducido a Basagoiti y que, por ello,
formará parte de su programa.
«¿Debemos consentir que haya
ciudadanos que viven entre nosotros
que no asumen un principio
básico de nuestro ordenamiento
como que el hombre y la mujer son
iguales en derechos y obligaciones
o que es completamente inaceptable
sin pretexto alguno el maltrato
a una mujer?», cuestionó Maroto,
que se esforzó en argumentar su
medida. «Debemos adaptar nuestras
normas y leyes para hacer incompatible
que los mismos que rechazan
nuestros principios básicos
de convivencia, que no creen en
nuestro modelo social y que buscan
todos los subterfugios para
aprovecharse de un sistema pensado
en la solidaridad, puedan ser los
primeros en la cola para exigir
prestaciones sociales», indicó el
primer edil, que propondrá en el
Parlamento estamodificación normativa
para que Lanbide cambie los
convenios de inserción que firma
con todos los perceptores de ayudas.
Las reacciones a la propuesta de
Maroto no se hicieron esperar. Bildu
consideró «vergonzosas e intolerables
» las declaraciones del alcalde
de Vitoria. En un comunicado,
la coalición abertzale denunció
«la intencionada y electoralista relación
que Maroto y su partido establecen
entre las personas perceptoras
de prestaciones públicas
y la delincuencia». Por su parte, el
PNV acusó a Maroto de «estigmatizar
» y «colocar en el centro de la
diana» a los beneficiarios de prestaciones
sociales. En un comunicado,
la portavoz nacionalista, Nerea
Melgosa, indicó que el regidor
«está de campaña electoral y para
ello utiliza a las personas perceptoras
de ayudas sociales».