Vitoria/Bilbao. En época electoral hay discursos que no fallan, sobre todo, en situaciones de duras crisis económicas como ésta. Entre ellos, son clásicos los que establecen relación directa, causal o circunstancial entre los perceptores de ayudas sociales y el fraude o comportamientos delictivos. Sin llegar a definir tal simbiosis, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, volvió ayer a usar una estrategia conocida por estos lares y que consiste, básicamente, en sugerir en los días previos a unos comicios la causa efecto entre los beneficiarios de subsidios y comportamientos, cuanto menos, reprochables. En concreto, el primer edil propuso en la capital vizcaína que Lanbide incluya una “cláusula cívica por la igualdad” para los que reciben ayudas sociales que, a su juicio, deberían asumir por escrito “el principio básico de igualdad entre hombres y mujeres”. Hasta ahí, todo en orden salvo por la circunstancia de que el político popular obvió al resto de la sociedad, entre los que, con seguridad, hay muchos presuntos maltratadores, por ejemplo, que no reciben ningún tipo de ayuda social.

En cualquier caso, Maroto señaló que “lo más insolidario” que puede existir es el fraude fiscal de “quien tiene y no paga lo que debe”, así como el fraude en las ayudas sociales “sea quien sea el que los comete; venga de Argelia, de Barcelona, sea de Hernani o de Vitoria”. Por ello, propuso que se modifique la normativa para que el Servicio vasco de Empleo cambie los convenios de inserción que firma con perceptores con el objeto de incluir una “cláusula cívica por la igualdad”.

Con motivo de su participación en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, donde fue presentado por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, el alcalde subrayó que algunos partidos están “demasiado centrados” en debates identitarios mientras la sociedad sufre “otros cambios que pueden poner en riesgo la convivencia”. Maroto consideró que no es posible vivir en Euskadi “sin aceptar principios básicos de convivencia como que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones”.

Tras destacar que Vitoria es una ciudad donde la mitad de sus ciudadanos no han nacido en ella, defendió su pluralidad, pero advirtió del riesgo de que afloren “discursos sociales extremos que encuentran en la radicalidad y la xenofobia un motivo para revolver y convulsionar”. “El color de la piel o el acento no pueden ser causas de exclusión y está en nuestra mano evitarlo. Para ello hay que dejar de decir lo políticamente correcto para decir y hacer lo correcto políticamente”, señaló. En esta línea, rechazó a quien busca “aprovecharse cuando no atacar directamente” a una sociedad que ha crecido apoyada en el pilar de la solidaridad y el apoyo al menos favorecido.

Por ello, consideró que se debe adaptar las normas y leyes para hacer incompatible que “quienes rechazan los principios básicos de convivencia” y “buscan subterfugios para aprovecharse del sistema” puedan ser “los primeros en la cola para exigir prestaciones sociales o pedir servicios públicos”. Maroto lamentó además que la “sociedad está cambiando a peor” sin que nadie haga nada efectivo por evitarlo y denunció que el 43,6% de las denuncias de violencia de género las hacen mujeres extranjeras, quienes representan el 9% de la sociedad.

Nada más conocer las declaraciones de Javier Maroto, el grupo de Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria consideró “vergonzosas e intolerables” las palabras del alcalde. En un comunicado, la formación abertzale censuró la “intencionada y electoralista relación que Maroto y su partido establecen entre las personas perceptoras de prestaciones públicas y la delincuencia”. En este sentido, preguntó al alcalde “si va a hacer firmar el documento a todos los maltratadores que no reciben dichas ayudas, a los hombres que no comparten las tareas del hogar, o si los va a ‘expulsar de Euskadi’, como sugiere en sus declaraciones”.

Por su parte, la concejal del PNV Nerea Melgosa explicó que "Maroto, una vez más, está de campaña electoral y para ello utiliza de nuevo a las personas perceptoras de ayudas sociales. Todos coincidimos en que hay que aplicar todas las medidas para evitar el fraude y garantizar el respeto a los derechos humanos, entre ellos el de la igualdad. Sin embargo, no se debe generalizar ni estigmatizar a un colectivo que lo está pasando realmente mal por la falta de ingresos.

Al respecto, desde la formación jeltzale también se acusó a Maroto de estigmatizar a las perceptoras de ayudas. "Las coloca en el centro de la diana. Las convierte en potenciales delincuentes, dando por hecho que no creen en la igualdad entre géneros. Quien realmente debería plantearse si apuesta o no por la igualdad es el señor Maroto puesto que en el año largo que lleva de alcalde ha mostrado muy poco interés por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. De hecho, ha ejecutado importantes recortes en las políticas de igualdad, que recogen medidas para la prevención violencia de género.