La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, dijo este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes indocumentadas que residen en las islas se da, de momento, como siempre, y añadió que su departamento buscar fórmulas alternativas para darles la cobertura que niega el real decreto.

Brígida Mendoza habló de este modo durante una comparecencia para, a petición del grupo Mixto, hablar de las medidas para dar cobertura sanitaria a personas que la han perdido en aplicación del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

La consejera ha recordado que el derecho a la asistencia sanitaria la da el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y no la Comunidad Autónoma que, añadió, busca fórmulas administrativas alternativas para dar cobertura a las personas que pierden el derecho.

Brígida Mendoza recordó que el real decreto es de obligado cumplimiento y explicó que con el máximo respeto a la norma se atiende a estas indocumentadas que están en lista de lista de espera para cualquier prestación, así como las que están en un proceso asistencia abierto y los pacientes con diagnósticos por infecciones.

Además, el Gobierno de Canarias está a la espera de comprobar datos de las personas que el INSS ha dejado sin cobertura y comprobar sus patologías y procesos, para establecer las vías más adecuadas para dar asistencia a quien la precise y no tenga recursos económicos, dijo la consejera, quien reiteró que la asistencia se momento se está dando como siempre.

Mendoza explica también que hay que esperar a los recursos de inconstitucionalidad del real decreto que han presentado varias comunidades autónomas y que han sido admitidos a trámite.

El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez, de Nueva Canarias, señaló que el sistema sanitario español ha logrado ser un referente internacional, un modelo incluso para países muy avanzados, y ahora con la crisis económica llegan los recortes como el que propicia el real decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, con una reducción presupuestaria de siete mil millones de euros.

Rodríguez dijo que con ese real decreto se cambia la naturaleza de los derechos, se promueven copagos en medicamentos y otros servicios, así como recortes y la pérdida del derecho de los inmigrantes no documentados para recibir atención.

Algunas comunidades autónomas, incluso del PP, no aplicarán a rajatabla el real decreto en este aspecto y para ello articulan medidas, señaló Román Rodríguez, quien preguntó a la consejera cómo hará para garantizar que ese colectivo de ciudadanos reciba atención sanitaria gratuita.

Jesús Morera, del grupo Socialista, destacó que la decisión de no atender a los inmigrantes indocumentados es humanamente detestable, generará problemas de organización porque acudirán a urgencias y además tendrá poco impacto en la reducción del gasto.

La diputada del grupo Nacionalista Marisa Zamora, calificó de nefasta la reforma del PP en el sistema sanitario porque representa una involución del modelo con tendencia a la privatización.

Maribel Oñate, del grupo Popular, se mostró de acuerdo con que nadie se quede sin atención médica y señaló que, menos Canarias, todas las comunidades autónomas han hecho propuestas para ello, para añadir que los inmigrantes indocumentados no pueden estar en el sistema nacional de salud porque así lo dice la ley de extranjería, pero sí serán atendidos y eso depende de la comunidad autónoma.