madrid. El 63% de los españoles está en contra de que se pongan limitaciones a la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares, aunque creen que se deben de buscar fórmulas para sufragar los gastos que se puedan ocasionar. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio sobre Medidas del Gobierno en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, del Consejo General de Enfermería.

El informe, realizado por la empresa Análisis e Investigación mediante entrevistas a 1.000 personas, fue presentado ayer en rueda de prensa.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, aseguró que la situación ha mejorado respecto a las previsiones que había desde que el Gobierno aprobó el decreto de reforma sanitaria que dejaba sin tarjeta a los inmigrantes sin papeles y limitaba la asistencia a las urgencias, partos y a los menores. La encuesta se realizó dos semanas después de se pusieran en marcha las medidas.

El estudio pone de relieve que el 28,4% de los ciudadanos está a favor de una sanidad gratuita, mientras que el 71,6% se muestra de acuerdo con establecer algún tipo de limitación. De ese 71%, un 51,3% cree que la asistencia debe limitarse a urgencias o a problemas graves y un 47,7% no.