El 63% de los españoles está en contra de que se pongan limitaciones a la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares, aunque creen que se deben buscar fórmulas para sufragar los gastos que se puedan ocasionar.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio sobre “Medidas del Gobierno en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular”, del Consejo General de Enfermería. El informe, realizado por la empresa Análisis e Investigación mediante entrevistas a 1.000 personas, fue presentado ayer en rueda de prensa.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, aseguró que la situación ha mejorado respecto a las previsiones que había desde que el Gobierno aprobó el decreto de reforma sanitaria que dejaba sin tarjeta a los inmigrantes “sin papeles” y limitaba la asistencia a las urgencias, partos y a los menores.

Según señaló González Jurado, en la institución que preside no consta que se haya producido ningún caso de desamparo hacia esas personas desde que entró en vigor la medida, el pasado 1 de septiembre. La encuesta se realizó el 14 de septiembre, dos semanas después de se pusieran en marcha las medidas.

Sanidad gratuita

El estudio pone de relieve que el 28,4% de los ciudadanos está a favor de una sanidad gratuita, mientras que el 71,6% se muestra de acuerdo con establecer algún tipo de limitación.

De ese 71%, un 51,3% cree que la asistencia debe limitarse a urgencias o a problemas graves y un 47,7% no. Esto significa, según José María Sansegundo, director del estudio, que un 63% cree que no debe haber límites en cuanto a la asistencia.

No obstante, un 85,6% de los que están a favor de poner algún tipo de límites cree que se debería intentar cobrar los servicios a los países de origen y un 75,6% considera que se les debe exigir un seguro.

Para González Jurado, estos datos revelan que “los ciudadanos quieren que se atienda a los inmigrantes pero que se intente que no sea a cargo de su bolsillo”.