El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, precisó este jueves que pese a la legislación estatal que priva de tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, el Servicio Canario de Salud seguirá atendiendo a todos aquellos que lo necesiten y no tengan recursos para acudir a la sanidad privada.

Marrero salió al paso así de las quejas de algunos inmigrantes porque se les ha negado asistencia sanitaria gratuita, hechas públicas por la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias (FAAC), organización que había pedido al ejecutivo regional que aclarara su posición sobre el decreto.

El portavoz indicó que además de atender a inmigrantes en situación irregular sin recursos, también recibirán asistencia los casos ya previstos en el real decreto, como son las urgencias, las mujeres embarazadas y los menores.

Marrero desmintió que el Gobierno de Canarias haya dado instrucciones para que no se atienda a inmigrantes, algo que es “radicalmente falso” y denunció que “con este enredo” se pretende desviar la atención del “dislate” que es el real decreto.

Afirmó que seis días después de la entrada en vigor del decreto, el Ministerio de Sanidad aún no ha enviado la base de datos definitiva sobre los inmigrantes que no tienen derecho a la tarjeta sanitaria.

El sábado se recibió una base de datos, pero fue anulada porque estaba plagada de errores, el martes fue enviada otra, también con fallos, y este jueves mismo ha sido anunciada la remisión de una tercera.

“No es serio, es un asunto muy grave” porque afecta a las prestaciones sanitarias de las personas, dijo el representante del Gobierno de Canarias.

También denunció que el Ministerio no ha dado aún a conocer la orden ministerial de desarrollo del decreto para saber cómo se articularán los convenios que pueden suscribirse con los inmigrantes excluidos que quieran seguir manteniendo la asistencia sanitaria pública.

Martín Marrero anunció, por otro lado, que la Consejería de Sanidad está trabajando en un sistema que en un sistema informático que evite que los pensionistas tengan que adelantar el pago de los medicamentos para después tener que reclamar al Estado el importe abonado en exceso.

Ese nuevo sistema se está realizando en colaboración con los colegios de farmacéuticos y está avanzado, dijo el portavoz, aunque no precisó en qué fecha se empezará a aplicar.