La Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias (FAAC) comenzó a recibir quejas de inmigrantes a quienes se negó asistencia sanitaria gratuita tras la aplicación del decreto ley que les excluye de ella, por lo que pidieron al Gobierno autonómico que aclare su postura en esta materia.

El presidente de la FAAC, Jude Omoregie, explicó que se dirigieron al Gobierno de Canarias porque entienden que sigue actuando “con total indefinición” ante ese decreto aprobado por el Estado, pero que aplican en la práctica las comunidades autónomas.

Tras reunirse con el consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Matías Campos, para pedir fondos para las actividades de su organización, Omoregie aseguró que, aunque el Gobierno canario anunció que seguiría atendiendo a inmigrantes irregulares pese al decreto, en esta semana ya se han dado casos en que se ha negado asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares en Canarias.

“Por supuesto que ha habido casos así”, aseguró el presidente de la FAAC, que indicó que no podía precisar la cuantía de los mismos de momento, aunque se espera contar con datos más concretos la semana próxima, cuando se reúnan los integrantes de un “observatorio” que organizó para hacer seguimiento de la aplicación del decreto su federación.

Esta organización rechaza la iniciativa del Gobierno español, enmarcada en las medidas de ajuste económico encaminadas a reducir el déficit, desde la opinión de que “esto no solo no supone ningún ahorro, sino que lo que va a hacer es generar conflictos sociales”.

Medida polémica

Su presidente recalca que esta medida perjudica, en primer lugar, a personas sin medios económicos para afrontar el tratamiento de una enfermedad, que acaban “muy mal, decepcionadas y frustradas”, pero también al clima de convivencia entre inmigrantes y nativos, al “criminalizar” a los foráneos y además “echarles la culpa de problemas que ellos no han generado”.

Por ello, la FAAC considera que el Gobierno de Canarias debe aclarar que garantizará la asistencia sanitaria pública universal pese al referido decreto, tal y como han hecho otras comunidades autónomas, según destacó su secretario, Teodoro Bondyale.

Este matizó que, en todo caso, serán los integrantes del observatorio sobre la aplicación de la norma quienes podrán hablar sobre la incidencia real de la misma cuando celebren su primera reunión, prevista para el lunes próximo.