MIGUEL CABRERA / Almería
Más de 80 inmigrantes sin papeles,
en su mayor parte magrebíes, que
viven en un poblado de chabolas
de Tierras de Almería, en El Ejido,
han recibido órdenes de desalojo
del Ayuntamiento porque el propietario
de los terrenos pretende
recuperarlos, por lo que temen verse
en la calle en cuestión de días.
El problema es, como puso de
manifiesto la plataforma ‘Derecho
y Justicia Social de Almería’, integrada
por una treintena de asociaciones,
entidades y partidos políticos
–entre ellos IU, Equo, Almería
Acoge y SAT–, que al tratarse en su
inmensa mayoría de personas en
situación irregular y sin trabajo estable
no cuentan con la posibilidad
de encontrar otra vivienda y quedarían
en la calle el próximo 1 de
septiembre, cuando cumpliría el
plazo de desalojo.
De ahí que la plataforma reclame
alternativas para evitarlo. «No
estamos hablando de animales, sino
de personas que viven y trabajan
entre nosotros, que están sacando
adelante la economía de la
provincia; no podemos permitir
que en el siglo XXI se produzcan
estas situaciones», áfirmó Spitou
Mendy, portavoz del Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT) en Almería.
Mendy advirtió de que «los asaltos
a supermercados o desórdenes
aún más graves pueden repetirse
en Almería, porque si la gente tiene
hambre y no tiene donde dormir
puede pasar cualquier cosa».
Entre los habitantes del poblado,
que en otras épocas del año llega a
alcanzar las 130 personas, se encuentran
una veintena de mujeres.
Su única fuente de ingresos es el
dinero que perciben por trabajar
esporádicamente en los invernaderos
de la zona, por los que cobran,
según el SAT, entre 20 y 30 euros
diarios. Lógicamente, su situación
irregular les impide acogerse al
convenio del campo, que establece
un jornal de 45,80 euros diarios.
«Los pequeños agricultores que les
contratan dicen que no pueden pagar
más porque ellos también pasan
por una mala situación», apuntan
fuentes de la plataforma ‘Derecho
y Justicia Social’.
Alegaciones
De momento, algunos de los perjudicados,
ayudados por asociaciones
y sindicatos, han presentado
alegaciones a las órdenes de desalojo,
aunque se muestran pesimistas
sobre sus resultados, y aseguran
que la semana pasada ya se derribaron
siete chabolas en una
zona cercana.
Sin embargo, fuentes municipales
informaron de que la chabolas
derribadas no estaban habitadas,
al tiempo que expresaron la intención
de cumplir escrupulosamente
con la legalidad. Y puntualizan que
se trata de terrenos privados reclamados
por sus propietarios, y en
los que se han generado problemas
de salubridad e incluso riesgos para
personas –con postes de electricidad,
por ejemplo–.
La plataforma ha solicitado una
reunión al alcalde de El Ejido,
Francisco Góngora, y a los responsables
de la Delegación del Gobierno
andaluz y central en la provincia
y ha convocado un acto de protesta
en próximo 6 de septiembre
en la capital almeriense.
«El problema es que se dictan
órdenes de desalojo y no se ofrecen
alternativas», dijo Juan Miralles,
director de Almería Acoge.
«No se puede echar a la gente a la
calle para que sólo cambie el lugar
donde se asientan, porque lógicamente
tendrán que buscar otro sitio
para construir nuevas chabolas
», añadió Miralles.