Alberto Núñez Feijóo buscará «resquicios legales» para prestar cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares. El presidente de la Xunta de Galicia se convierte en el primer dirigente popular que alza la voz contra el real decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad que excluye a los ‘sin papeles’ del Sistema Nacional de Salud a partir del próximo 1 de septiembre.
El que fuera presidente del Instituto Nacional de Salud (Insalud) en 1996 reconoce en una entrevista a Europa Press que «no soy partidario de disminuir la asistencia sanitaria» a los inmigrantes ilegales. Y es que el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros del curso reduce hasta los derechos básicos la asistencia sanitaria a aquellos inimigrantes que carecen de permiso de residencia. El documento establece solo tres supuestos en los que los irregulares podrán ser atendidos gratuitamente: urgencias (por accidente o enfermedad), mujeres embarazadas y menores de edad.
A pesar de ser el único presidente autonómico popular dispuesto a incumplir la normativa, Núñez Feijóo matiza que primero tendrá que «ver bien el impacto que tiene en la comunidad», pues él cifra en aproximadamente un 3% la población inmigrante irregular que reside en Galicia.
Aún así, las declaraciones del presidente gallego podrían abrir la puerta a que otros dirigentes de su partido se sumen a desobedecer la nueva normativa de Sanidad.
Galicia no es la única comunidad autónoma que desoye al Gobierno en este asunto. Andalucía, Cataluña y País Vasco (autonomías no gobernadas por el Partido Popular) ya habían anunciado días atrás su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes ‘sin papeles’ más allá de la cobertura básica que recoge el decreto.
Rebelión
Cataluña fue de las primeras comunidades en advertir públicamente al Gobierno de que continuará atendiendo a los inmigrantes irregulares como hasta ahora lo ha hecho. Así lo aseguró el director general para la Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, añadiendo que este decreto es una cortina de humo, porque lo que realmente busca el Gobierno central es convertir la sanidad «en un derecho solo para personas que cotizan».
En España se calcula que existen 150.000 inmigrantes en situación irregular, de los que el 20% (30.000) viven en Andalucía. La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, también manifestó que el sistema de salud andaluz atenderá a los ‘sin papeles’ con «normalidad» y por «humanidad».
El Gobierno de Patxi López también se desmarca de la medida. «Se les seguirá atendiendo», manifestó la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, para añadir posteriormente que «nosotros no miramos a los de fuera y los de dentro como algo diferente».
Junto a la oposición de diversas comunidades autónomas, la medida también deberá hacer frente a la ofensiva que plantea el PSOE. El pasado sábado el principal partido de la oposición anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional por «vulneración de los derechos de los inmigrantes».
Esta es una más de las de presiones que está recibiendo el Gobierno para que retire le medida, aunque por el momento, tanto el Ejecutivo como el Ministerio guardan silencio y la única alternativa que ofrecen al inmigrante irregular para que siga teniendo cobertura es que suscriba un convenio sanitario.
Es decir, una especie de póliza con cuotas mensuales. Para aquellas personas menores de 65 años que quieran ser recibir asistencia médica en hospitales y centros de salud deberán abonar cerca de 710 euros al año 59,20 mensuales. Y a para los mayores de 65 años la cuota mensual mensual asciende hasta los 155,40 euros, con un coste anual de 1.864,80 euros.