«No nos va a quedar más remedio que recurrir a una larga batalla judicial». La afirmación es del doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina y Comunitaria (semFYC) y objetor de conciencia del decreto aprobado por el Gobierno y que excluye del sistema nacional de salud a colectivos como los ‘sin papeles’. «Seguiré atendiendo a mis pacientes porque tengo un compromiso con ellos que se ha visto alterado de la noche a la mañana», explica el doctor consciente de que incumplir la legislación podría acarrearle consecuencias profesionales o jurídicas.
A menos de un mes de la entrada en vigor de la polémica normativa el 1 de septiembre el problema se enquista cada día más. El Gobierno no tiene intención de modificar la medida que obliga a los ‘sin papeles’ a pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud.
«El médico hace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión», recuerda Pilar Navarro, secretaria del sector salud y sociosanitario de UGT. «Prevemos una batalla jurídica, pero también en la calle contra estas medidas», añade. El conflicto ético y jurídico está servido.
Pero las dudas se agolpan. ¿Cómo se articula esa objeción en la práctica? En la página web de semYFC ya han firmado más de 1.000 profesionales un documento en el que se declaran objetores. Sin embargo, querer atender no garantiza que los ‘sin papeles’ puedan acceder a los servicios médicos, ya que su registro se borrará desde el 1 de septiembre. «Yo he informado a mi centro de salud y al trabajador social para que me deriven a estos pacientes», asegura Tranche, pero en caso de requerir un tipo de prueba médica complementaria, el paciente podría ser rechazado por el nuevo facultativo.
La controversia jurídica sobre la posibilidad de objetar está servida. El Consejo General de Enfermería advirtió ayer sobre la «inviabilidad» conforme a derecho de la figura de la objeción de conciencia respecto a los no beneficiarios de la asistencia sanitaria: «Con independencia de la valoración favorable o no a la norma, los profesionales sanitarios están obligados al cumplimiento de la normativa vigente».
Fuera del horario
El Consejo también aseguró que propondrá a los colegios establecer consultas de enfermería que atiendan «de forma altruista» a estos enfermos fuera del horario laboral. Una solución que no convence a los opositores del decreto. «Nuestra posición no responde a un acto de buenismo o de ONG. Es cuestión de justicia social. De cumplir con un compromiso», asegura Tranche. Además, esta fórmula tampoco soluciona el hecho de derivar a un ‘sin papel’ a una prueba médica para la que no está autorizado.
«La obligación del personal sanitario cuando alguien necesite ayuda médica debe ser atenderlo», explica el presidente de Sanidad de CSIF, Fernando Molina. La situación es muy compleja. Si un inmigrante irregular fallece tras ser atendido en contra de la legislación vigente, la administración no se haría responsable subsidiaria del hecho. La responsabilidad recaería sobre el objetor. Para evitar llegar a tal extremo, Molina pide diálogo al Gobierno, aunque reconoce que hasta ahora el Ministerio no ha dado muestras de querer sentarse a la mesa para negociar.