Médicos Sin Fronteras (MSF) pide a los países de la Unión Europea que no se escude en la crisis para abandonar a los inmigrantes y tengan “un mínimo principio de humanidad” con quienes son calificados como inmigrantes “ilegales” porque la crisis económica no justifica el dejar sin atención médica a “los más vulnerables”.

MADRID. Así lo han indicado José Antonio Bastos, presidente de MSF España, y el responsable de Relaciones Externas de esta ONG, Carlos Ugarte, quien ha coordinado los proyectos de atención a inmigrantes en este país.

MSF trabaja también con este colectivo en otros países de la UE como Bélgica, Italia, Francia y Grecia, y en todos ellos, ha constatado las dificultades de su acceso a los servicios de salud.

Bastos ha dicho que las recientes decisiones tomadas en el Estado, donde se retirará la tarjeta sanitaria a los indocumentados, no hacen más que empeorar su “precaria” situación.

Estas políticas, según entiende, son “peligrosas” para la salud pública, pero sobre todo son “contrarias a la ética médica” y suponen “un retroceso enorme en el respeto a la dignidad humana”.

Ugarte ha hecho hincapié en que señalar como culpables del excesivo gasto sanitario a los inmigrantes es falso, porque son una población joven que apenas usa los servicios de salud, cinco veces menos que un paciente nacional.

En su opinión, escudar su exclusión en el control del “turismo sanitario” es una “cruel ironía” y ha pedido a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que se ponga en la piel de aquellos que sufren enfermedades como sida, tuberculosis o cáncer o que necesitan diálisis y que, a partir de ahora, no recibirán sus tratamientos.

Ambos expertos han puesto en duda la respuesta de Sanidad cuando asegura que los inmigrantes con patologías crónicas serán atendidos por las ONG, dado que este año la media de recorte de todos los ministerios ha sido del 16 % de su presupuesto y el de Asuntos Exteriores se ha elevado a un 75 %, “aplicado directamente a la ayuda oficial al desarrollo y a todos los programas de las ONG”.

“Cuando estas organizaciones se plantean su propia capacidad de seguir existiendo, ya me dirás tu ahora cómo van a hacer para asumir esos tratamientos”, ha aseverado Ugarte, al tiempo que ha recordado que determinados fármacos, como los antirretrovirales, solo se pueden dispensar en farmacias hospitalarias.

El camino hacia Europa de los inmigrantes suele estar marcado “por la necesidad y muy a menudo por la violencia”, como acreditan los proyectos de MSF en países de tránsito como Marruecos.

“Sabemos cuáles son sus historias de persecución, de violaciones en el caso de mujeres y que a esas personas, cuando llegan aquí, se les considere turistas, es un sarcasmo de la peor ralea”, ha añadido.

Otra cosa distinta es el turista alemán, el francés o el belga que viene, se empadrona porque va a pasar 15 días en la costa y aprovecha para hacerse “lo que en su país le costaría un montón”.

Sin embargo, ha esgrimido que para esto ya hay mecanismos compensatorios en la UE que sí deberían ser escrupulosamente respetados.

El presidente de MSF ha denunciado que “se está vulnerando el principio de humanidad”, al permitir que “en una sociedad como la nuestra, haya gente excluida” del sistema de salud, limitando un derecho universal a casos de urgencia, maternidad y menores de edad.

“España como país democrático suscribe declaraciones internacionales en materia de derechos humanos que están incluidas en su Constitución, deberíamos ser más consecuentes”, ha apostillado, sin restar por ello gravedad a la crisis que golpea Europa.

La experiencia de MSF en el Estado es que quienes no disponían de tarjeta sanitaria hasta el momento accedían a los hospitales vía urgencias y la asistencia se mantenía hasta el alta hospitalaria.

Esta situación, aun siendo minoritaria, provocaba frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las crónicas. Con el nuevo decreto de ahorro sanitario, ha lamentado, “la excepción se convertirá en norma y traerá graves consecuencias”.

Bastos ha advertido de que España no es el único país de la UE donde se están aplicando políticas “restrictivas, alarmistas, criminalizadoras, discriminatorias y poco éticas” en nombre de la protección de la salud pública, a la que, sin embargo, están “poniendo en riesgo”.