El discurso político repite una y otra vez que la solución a los problemas comunitarios se resuelve con la sencilla fórmula de «más Europa». Y, sin embargo, en la práctica el camino escogido parece ir en la dirección opuesta. Y no, no estamos hablando (por esta vez) de economía. En este caso se trata de lo que para el 62% de los ciudadanos europeos es el mayor logro en la historia de la UE: el acuerdo Schengen, que permite la libre circulación de personas y mercancías en 26 países.

Los Estados miembros han decidido tirar por el suelo la propuesta de la Comisión Europea para reformar este tratado, que pretendía otorgar más poder a Bruselas a la hora de decidir sobre cuándo y en qué circunstancias un país puede restablecer sus controles.

Los países se han retratado con un acuerdo unánime de sus ministros de Interior, en el que no sólo se mantiene la soberanía nacional para decidir sobre esta materia, sino que se contempla la posibilidad de cerrar las fronteras ante los casos de inmigración ilegal.

La Comisión Europea no es la única que ha quedado «decepcionada». La decisión ha abierto una brecha entre dos instituciones europeas el Parlamento y el Consejo Europeo que son clave a la hora de tomar decisiones legislativas. Con una argucia cuya legalidad pone en duda la Eurocámara, los países han dejado fuera al único órgano europeo elegido por sufragio universal para votar la reforma del mecanismo de evaluación de Schengen, que tendrá una importancia crucial a la hora de decidir cuándo un país puede cerrar sus aduanas. La batalla puede acabar con dos instituciones europeas enfrentadas en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, mientras se cruzan las acusaciones entre ambos organismos.

«La decisión del Consejo no respeta al Parlamento Europeo y va en la dirección contraria a Schengen», lamentó ayer el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz. De esta forma, el Consejo será el único que decida la reforma del mecanismo de supervisión de Schengen y echará atrás la propuesta de la Comisión, que otorgaba más poder a Bruselas para hacer las revisiones.

El otro punto legislativo clave en la reforma de este tratado es el Código sobre Controles Fronterizos. En realidad la decisión de ayer de los Estados miembros no cambia mucho las pautas que existían hasta ahora, aunque sí reconoce que los países podrán restablecer sus controles cuando «el control de las fronteras externas no está asegurado debido a casos excepcionales». Por frontera externa se entiende el punto de entrada a un país de Schengen desde otro país que no está dentro del acuerdo. Por ejemplo, Barajas: una vez que un inmigrante ilegal entra en España puede moverse libremente por el resto de los 25 países.

En este caso, y siempre bajo recomendación de la Comisión Europea, los estados podrán decidir cerrar las fronteras durante un periodo de seis meses, renovable en otros seis meses y con un tope de dos años. «Esta recomendación sólo puede adoptarse como último recurso y deben tenerse en cuenta todos los factores que influirán en la decisión», precisa el texto. Fuentes comunitarias señalan que, aunque en el texto figura que debe haber una propuesta de la Comisión, ésta puede venir forzada por varios países de peso.

Las otras opciones que contempla esta reforma no varían. Los países podrán anular el acuerdo de Schengen ante casos que supongan «serias amenazas al orden público o la seguridad interna». Por un lado se menciona la celebración de algún evento previsto (un campeonato deportivo, una manifestación… como hizo España en la reunión del BCE en Barcelona o hará Polonia mientras dure la Eurocopa) con un periodo máximo de 30 días prorrogables hasta el límite de seis meses. Por otro lado, ante situaciones imprevistas un atentado o la afluencia masiva de inmigrantes ilegales con un límite máximo de dos meses.

El debate en torno al acuerdo Schengen comenzó el pasado año con los flujos migratorios derivados de la Primavera Árabe y continúa ahora debido al problema que Grecia presenta para controlar su frontera con Turquía. Según la agencia Frontex, encargada de supervisar los controles externos, el pasado año la entrada de sin papeles creció un 35%, hasta los 141.000.

La reforma de estas condiciones no ha concluido y, en este caso sí deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo, cuya decisión puede estar ahora influida por el desplante que le ha hecho el Consejo. Según fuentes consultadas, los países de Schengen van a exigir que se aprueben estos requisitos como condición para aceptar la entrada, este verano, de Rumanía y Bulgaria al espacio de libre circulación.

>Videoanálisis de J. G. Gallego