Los gobiernos europeos podrán restablecer los controles policiales en las fronteras internas del espacio Schengen de forma unilateral cuando uno de los socios sea incapaz de controlar los flujos migratorios que le llegan desde el exterior. Los ministros del Interior de la Unión Europea cerraron ayer, por unanimidad y en contra de la opinión de la Comisión Europea, un compromiso para modificar la base legal del nuevo mecanismo de evaluación de Schengen que deja fuera al Parlamento Europeo en la toma de decisiones. Todos los grupos de la Eurocámara arremetieron con dureza contra un pacto al que acusan de atacar la libre circulación de personas.

La creación del espacio Schengen ha permitido a los ciudadanos de sus 26 países, 22 de la UE más Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein circular libremente sin tener que enseñar el pasaporte al cruzar la frontera. Las reglas actuales ya permiten los controles temporales por motivos de seguridad pública y así lo han hecho muchos países en el pasado. Desde España recientemente durante la celebración de una reunión del Banco Central Europeo en Barcelona hasta actualmente Polonia a cuenta de la Eurocopa 2012. La novedad en el acuerdo de ayer es que los gobiernos también podrán imponer los controles por “circunstancias excepcionales” cuando otro país sufra una fuerte presión migratoria en su frontera exterior. Será por espacio de seis meses prorrogables otros seis adicionales.

El debate arrancó en febrero de 2011 a raíz de la primavera árabe desatada en el norte de África y que originó la llegada de miles de personas a Malta e Italia huyendo de a inestabilidad política. La reacción del gobierno de Silvio Berlusconi fue la de conceder permisos de residencia temporales. Temiendo un éxodo hacia Francia su entonces presidente Nicolas Sarkozy reintrodujo los controles y abrió el debate para cambiar el sistema. La Comisión Europea presentó en septiembre de 2011 una propuesta en la que se reservaba para sí la decisión de autorizar el restablecimiento de controles. Francia y Alemania, liderados por Sarkozy y la canciller Angela Merkel, se revolvieron contra este intento de control y presentaron una batalla que llegó a convertirse en uno de los argumentos en las pasadas presidenciales francesas. Ayer tras meses de pelea política, y con todas las capitales mirando hacia la inestable frontera entre Turquía y Grecia, los gobiernos impusieron su voz. La decisión sobre los controles seguirá en sus manos y el cambio de base legal impedirá que la opinión de los eurodiputados pueda modificar el acuerdo.

Para el gobierno francés se trata de un compromiso “equilibrado” que preserva las competencias de los Estados así como el papel de la Comisión Europea. Para la responsable de interior de esta institución, Cecilia Malström, supone un mazazo. “Estoy decepcionada porque no es tan ambicioso como a mí me hubiera gustado. Necesitamos un sistema europeo y esto no responde a las necesidades de un mecanismo europeo”, lamentó ayer. La comisaria, que descarta emprender acciones legales, confía ahora en que la negociación con la Eurocámara permitirá modificar los términos del acuerdo.

Desde esta institución, su presidente, el socialista alemán Martin Shulz, calificó el pacto de “preocupante” y advirtió que lo único que consigue es “debilitar” el pilar de libre circulación de personas y no reforzarlo. “Estamos profundamente decepcionados con el comportamiento unilateral y contraproducente de los ministros de justicia e interior. Esta decisión es una falta de respeto hacia los poderes del parlamento y un paso en la dirección incorrecta”, advirtió sobre el cambio de base legal que proponen los Veintisiete. “El Parlamento Europeo no aceptará ninguna razón adicional para reintroducir los controles fronterizos sin un mecanismo comunitario que evalúe y controle si es necesario o no”, añadió.

Shulz tiene detrás a todos los grupos políticos de la Eurocámara. El PPE, mayoritario en la cámara, advirtió ayer que la decisión del Consejo de cambiar la base legal para excluir al Parlamento de la toma de decisiones es un paso atrás y exige que la primer ministro de Dinamarca, Helle Thorning – Schmidt, que preside este semestre la UE, comparezca el próximo lunes en el pleno de Estrasburgo.