La crisis ha llevado al Gobierno a multar a los sin papeles en vez de expulsarlos. Lo dicen los abogados de extranjería, que han notado que a los inmigrantes en situación irregular se les imponen sanciones de al menos 500 euros en vez de enviarlos de vuelta a su país.

El propio Ejecutivo ha reconocido que cada inmigrante que es repatriado cuesta a las arcas públicas 1.800 euros, que, si se multiplican por las 18.422 expulsiones y devoluciones que se produjeron en 2011, nos da un gasto de 33,2 millones de euros anuales.

Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, afirmó ayer que, en las zonas con mayor concentración migratoria, como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, «se ha notado que la Administración está poniendo muchas más multas que expulsiones».

«El motivo es que una expulsión cuesta mucho dinero y, si no hay dinero para nada, para esto tampoco», explicó el también presidente de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia.

No tener papeles se contempla en España como una infracción administrativa que conlleva sanciones de multa o expulsión. El Tribunal Supremo establece que se debe imponer preferentemente una multa si ésta es la única infracción en que ha incurrido el inmigrante. A cambio, se debe reservar la expulsión sólo como última opción, por ejemplo, al que ha cometido un delito. Pero, en la práctica, se ha tendido siempre a privilegiar la expulsión. Hasta que llegó la crisis. «Lo hemos notado de un par de años a esta parte», dijo Solans durante el 22º Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, que comenzó ayer en Valencia.

Los abogados no tienen datos al respecto y se basan únicamente en los casos que llevan. Pero sí se sabe que sólo uno de cada dos indocumentados acaba siendo expulsado de España. Y que el número dos de Interior, Ignacio Ulloa, anunció recientemente que se dejarán las expulsiones sólo para los que hayan delinquido. Según fuentes jurídicas, «la Administración hacía caso omiso de la jurisprudencia del Supremo» hasta hace poco, cuando se empezó a valorar la «rentabilidad económica» que suponía la estancia irregular y se decidió «rentabilizarla». La horquilla de sanciones va de los 501 a los 6.000 euros.

Los letrados reunidos en Valencia expresaron su preocupación por cómo está afectando esta tendencia a sus clientes, que en muchas ocasiones no tienen dinero. «Hay gente que prefiere la expulsión a tener que pagar», expresó uno de ellos.

Otros celebraron que el afán recaudatorio haya conseguido el fin por el que tanto han luchado las ONG: la no expulsión. «Ojalá esto dure cuando pase la crisis…».