Las revueltas en el mundo árabe contribuyeron el año pasado a ahondar las fracturas de una UE ya debilitada por la crisis económica y dividida sobre el futuro de la Unión. Los países mediterráneos exigieron que los Veintisiete se repartieran el coste de la llegada masiva de inmigrantes, pero los vecinos del norte hicieron caso omiso a sus peticiones. Algunos dieron un paso más y optaron por soluciones radicales y de dudosa legalidad. Como Francia, que llegó a suspender la entrada en su territorio de trenes procedentes de Italia con el objetivo de frenar la entrada de inmigrantes.

París reaccionó así a la iniciativa de Roma de conceder permisos de residencia temporales a 25.000 tunecinos. La iniciativa francesa puso en entredicho el Acuerdo de Schengen, que regula la libre circulación de personas y representa uno de los hitos más importantes en la construcción de la UE. Un pacto que desde entonces ha quedado muy debilitado, ya que Francia logró imponer a sus socios la posibilidad de reintroducir los controles fronterizos en circunstancias excepcionales. En palabras de Nicolas Sarkozy, se trataba de «adaptar Schengen a las nuevas exigencias».