IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
El CuerpoNacional de Policía arrestó
en 2011 a 1.977 ciudadanos extranjeros
en el País Vasco por encontrarse
en España sin permiso administrativo
o por haber superado el
plazomáximo autorizado para estancias
turísticas, según una memoria
oficial de la Jefatura Superior de
Policía del País Vasco a la que ha tenido
acceso este diario. La Policía,
que tiene competencias exclusivas
en materia de extranjería y documentación,
formuló 1.443 propuestas
de expulsión y practicó directamente
265, a las que habría que sumar
43 devoluciones de extranjeros
interceptados en la frontera o irregulares
ya repatriados con anterioridad
que intentan reingresar en España.
Gipuzkoa es, por su situación
fronteriza, el principal foco de inmigración
irregular en el País Vasco.
Sólo allí se arresta al 64% de
los extranjeros indocumentados
–1.266 en 2011–, a lo que habría
que añadir las actuaciones de la
comisaría transfronteriza de Hendaya,
en la que la Policía española
ha tramitado con la francesa otras
254 devoluciones a Francia, así como
1.792 readmisiones.
El colectivo SOS Racismo denuncia
que la Policía proponga casi de
forma automática cada vez que detiene
a un extranjero su expulsión
del país, que puede comportar un
internamiento cautelar en un CIE
–en el País Vasco no hay y acarrea
un traslado aMadrid o Barcelona–.
En la asociación aseguran que se
podría optar por solicitar simplemente
una multa. De hecho, según
apuntan, los jueces no siempre se
decantan por la repatriación y «suelen
rebajar la pena».
El Cuerpo Nacional de Policía, en
cualquier caso, expulsó directamente
a 256 personas en 2011. En 209
ocasiones tuvieron el sello de «expulsiones
cualificadas», que se sustancian
con los extranjeros que tienen
antecedentes penales o condena
firme a los que se les conmuta la
estancia en una cárcel española por
la repatriación. Las otras 56 fueron
«expulsiones administrativas», en
las que los inmigrantes no tienen
antecedentes. Los colectivos más
afectados son los extranjeros con
pasaporte marroquí –incluidos los
saharuis–, argelino y colombiano.
La Policía nacional no suele patrullar
de uniforme en el País Vasco
pero sí realiza numerosos controles
a extranjeros de paisano, según han
acreditado varias fuentes. Un inspector
asegura, además, de que «los
controles de extranjería se han incrementado
en los últimos años
porque los delitos cometidos por
extranjeros en el País Vasco también
han aumentado». El Cuerpo
Nacional de Policía peina con frecuencia
«barrios antiguos y céntricos
con vivienda degradada». En
Bilbao, por ejemplo, practica controles
aleatorios en los barrios de
San Francisco y Zabalburu.
«La Policía realiza constantemente
controles de paisano y lo hace
en función de la fisonomía de la
gente. Si tienes pinta de blanco, es
mucho más difícil que te pillen. Se
penaliza al negro, al magrebí, al
sudamericano indígena», critican
desde SOS Racismo. La ONU, recuerdan,
«ya le ha dado un toque a
España» por estas políticas.
En cualquier caso, el País Vasco
no es como Barcelona o Madrid,
«donde se ponen en el metro y pillan
a unmontón». El propio secretario
de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa, vino a reconocer en un reciente
Informe Semanal de TVE que
existía una instrucción interna que,
para justificar la productividad de las
brigadas de extranjería, incitaba a
incrementar los arrestos. Eso, insisten
desde la Policía, no ocurre aquí,
y así se lo reconocen quienes trabajan
con inmigrantes. Tampoco el fenómeno
migratorio es comparable
al de otros puntos de España: los extranjeros
en suelo vasco representan
un 7,8% de la población, por un
14,1% en el conjunto del país.
Protección a las mujeres
El otro gran flanco de actuación de
la Policía son las redadas. En ellas localiza
a muchos indocumentados.
Parten de las denuncias de los vecinos
de la zona o de operaciones muchomás
complejas contra el crimen
organizado, en concreto contra redes
de trata y tráfico de seres humanos.
El año pasado, por ejemplo, se
localizó a 20 extranjeros en un pabellón
industrial en Bilbao. Antes, en
2008, se actuó contra un club de Vitoria
que obligaba a prostituirse a jóvenes
extranjeras que no tenían la
documentación en regla. La Policía
ha detectado un incremento de este
tipo de tramas «por los ingentes beneficios
que comportan».
Éste y otros casos similares ponen
en evidencia la fragilidad de lasmujeres
en situación irregular. Ante un
caso de violencia sexista, según un
policía, «están desprotegidas». «Muchas
veces, por proteger a su hijo,
por su condición de irregular, son
menos proclives a poner en conocimiento
de la Policía y denunciar [el
maltrato]», explica.
La Ertzaintza, cuando detecta un
caso de esta naturaleza, suele filtrar
al Cuerpo Nacional de Policía que el
agresor está en situación irregular.
El sindicato SUP, que recientemente
organizó en Basauri unas jornadas
sobre este fenómeno, informa
de que en 2011 y sólo en Bizkaia se
concedieron 36 estatutos de víctima
a mujeres maltratadas, una suerte
de permisos de residencia para evitar
la doble victimización.