Hablar catalán o castellano ya es requisito para los informes de extranjería

Los ayuntamientos también valorarán la salubridad de la vivienda

El Mundo, , 21-03-2012

M. V. O. / Barcelona
La Generalitat ha pactado con la
Associació de Municipis de Catalunya
(AMC) y la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)
los nuevos criterios generales para
elaborar informes de extranjería,
según informa Efe.
Las nuevas instrucciones, que
fueron enviadas ayer, valorarán
el «esfuerzo de integración» que
hayan hecho los extranjeros, en
palabras del conseller de Benestar
Social, Josep Lluís Cleries.
Así pues, los conocimientos de
catalán y castellano y las condiciones
de habitabilidad de sus viviendas
serán las condiciones
más valoradas en los informes
para acreditar arraigo, legalizar
la situación, renovar la residencia
temporal o pedir el reagrupamiento
familiar de los inmigrantes.
En este último caso también
se tendrá en cuenta que el solicitante
tenga unos ingresos suficientes
para sostener a la familia.
Estas nuevas instrucciones servirán
para homogeneizar las que
ya se aplicaban individualmente
en cada municipio.
En el caso de que un inmigrante
no pueda comunicarse mínimamente
en cualquiera de las
dos lenguas oficiales en Cataluña
–o el aranés en Vall d’Aran–, deberá
acreditar haber cursado 20
horas de un curso oficial en el
momento de la entrevista.
Por otro lado, la nueva instrucción
establece una inspección ocular
imprescindible de la vivienda
del solicitante para valorar «el uso
de la vivienda» y el número «real
de personas» que la habitan, aunque para esto se tenga que hacer
más de una visita. Además, se deberá
acreditar la propiedad o el alquiler
de la vivienda.
Además, para elaborar el documento
de arraigo, los inmigrantes
tendrán que acreditar tres
años de permanencia en España,
documentar medios económicos,
vínculos familiares y su participación
en programas sociolaborales
o en cursos de formación.
La Generalitat tiene competencias
en la emisión de informes de
extranjería desde junio de 2011
–aunque la administración que
da la autorización final es la Delegación
del Gobierno–. En este
periodo de tiempo, ha registrado
más de 23.000 solicitudes con
unos 15.400 informes emitidos
de los cuales sólo 636 han sido
desfavorables.

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