Un informe elaborado por Migreurop, una organización integrada por 41 asociaciones de 14 países, ha revelado la opacidad y la vulneración de los derechos humanos que sufren los polizones que llegan a los puertos europeos, donde quedan a merced de las navieras que ven en ellos un peligro de perder dinero.

El informe, que ha sido presentado en Barcelona por SOS Racismo y CEAR-Euskadi, se ha elaborado en base a entrevistas y observaciones hechas en 23 puertos de toda Europa, entre ellos los españoles de Algeciras, Valencia, Bilbao y Barcelona.

El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Euskadi, el abogado Javier Galparsoro, ha exigido al Gobierno que anule la instrucción dictada en el 2004 para tratar a los polizones porque no garantiza la asistencia letrada a los pasajeros que se han introducido clandestinamente en los barcos.

La exigencia de esta garantía de asistencia letrada a todos los polizones y no sólo cuando soliciten asilo o pidan la entrada oficialmente en España, es una de las exigencias de las asociaciones que han elaborado el informe.

Una de las autoras del estudio, la francesa Julia Burtin, ha explicado que pese a que han solicitado muchas veces información al Gobierno español sobre el número de polizones que arriban a los puertos españoles, nunca han obtenido respuesta.

Las únicas cifras oficiales que existen es que entre 2000 y 2003 pasaron por puertos españoles un total de 2.303 polizones, de los que un 8 % pidieron asilo. En los años 2003 y 2004 llegaron a puertos españoles 502 y 387 polizones respectivamente, de los que un 78 % siguieron ruta en el barco.

Los puertos de Las Palmas (114 polizones en el 2003), Barcelona (83 polizones) y Valencia (57), por este orden, son los que más polizones ven llegar en los barcos mercantes, donde es el capitán de cada buque el que debe custodiarlos so pena de ser multado con 180.000 euros por cada polizón en caso de que se les escape.

Burtin ha denunciado la externalización de la gestión de los polizones a empresas privadas, en este caso las aseguradoras de las navieras, que ven en los polizones un riesgo porque los trámites legales en el país de arribada les puede acarrear alargar el plazo para zarpar y unas pérdidas económicas considerables.

Por eso, según ha denunciado Burtin, la mayoría de polizones no son comunicados a la policía y cuando ésta es avisada y sube al barco cumple la instrucción interna dictada por el Ministerio del Inerior en 2004 y se limita a hacerles unas preguntas sin ofrecerles asistencia letrada ni facilitarles la posibilidad de pedir asilo.

Galparsoro ha explicado que un polizón sólo puede ser desembarcado por razones humanitarias (si está enfermo) o porque pide asilo político por estar perseguido en su país. En otros casos, el polizón debe seguir en el barco hasta que lo devuelvan a su país de origen.

El problema se suscita cuando no se puede acreditar la nacionalidad del polizón o el barco no regresará al puerto donde se ha embarcado ilegalmente. Entonces, empieza un periplo por todos los puertos mientras el polizón vive encarcelado dentro del barco.

“En muchos casos han sido arrojados por la borda o metidos en la cámara frigorífica del barco”, ha denunciado Galparsoro, experto en derecho marítimo y extranjería que en 20 años ha atendido a 157 polizones arrobados a puertos de la cornisa Cantábrica.