Es una vieja denuncia de los sindicatos policiales y de las asociaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes, pero los últimos datos de febrero han vuelto a poner el asunto encima de la mesa. Aunque desde las altas esferas policiales siempre se han negado redadas específicas para detener a inmigrantes ilegales, siempre se ha hablado de que a los agentes los obligan a cumplir una serie de cupos semanales con respecto a la Ley de Extranjería. Esta vez ha sido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) quien ha denunciado que los agentes se ven obligados a efectuar un desmesurado número de detenciones de inmigrantes por estancia ilegal. Para respaldar la denuncia, el sindicato aporta los datos de las detenciones practicadas en la región por parte de la Policía Nacional durante cuatro días escogidos al azar del mes pasado. Y la cifra es abrumadora.

De las 786 personas arrestadas por distintos motivos los días 9, 10, 12 y 13 de febrero, casi la mitad –370 ciudadanos– lo fue por estancia ilegal. Esto supone que el 47 por ciento de las detenciones de esos cuatro días responde a criterios raciales y no a la comisión de delitos. Y es que los tres centenares de inmigrantes contrastan fuertemente con la cifra de detenidos por otros motivos, que en ningún caso llegan al centenar. De estos 370 inmigrantes, 113 fueron arrestados el día 9; 114 el 10; 57 el 12 y 86 el 13 de febrero. En la publicación sindical «Carné por puntos», el sindicato se pregunta cuántas actuaciones contra policías se derivan «de esta práctica del sistema del “palote” impuesto por los socialistas al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos», y «cuántos policías de todos los cuerpos de seguridad son condenados por ello». El SUP hace hincapié en que, si se elaborase una estadística sobre cuántos ciudadanos son acusados por no tener papeles cada año por todas las policías españolas, el resultado sería «un escándalo que superará a cualquier país con democracia o sin ella». Pero el problema de estas detenciones, según explica el portavoz del sindicato, José María Benito, es su inutilidad. En el CIE de Aluche no hay sitio para más gente, por lo que, tras la detención «incoamos un expediente de expulsión que suele tardar 30 o 40 días en resolverse». Para entonces el inmigrante, lógicamente, ya no está en la dirección que proporcionó en comisaría. «Hacemos un trabajo que no sirve para nada», asegura. El SUP sostiene que «la ley Corcuera está siendo mal aplicada y la sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que identificar cuando se tengan sospechas de que ha cometido un delito nada tiene que ver con la práctica de todas las policías». La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, anunció ayer que «verificará» estas cifras con el Jefe Superior de Madrid, Alfonso Fernández y, de ser cierto, tomará «alguna decisión al respecto».